Los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que filtró el grupo de hacktivistas Guacamaya siguen arrojando diversas revelaciones, entre ellas que la Sedena tenía conocimiento de que varias dependencias acordaron pagar al menos 45 mil mdp al Ejército para obras, y que, en Tabasco y Veracruz, los huachicoleros tejen red con policías, la Guardia Nacional y funcionarios.
Reforma dio a conocer que el militar que encabeza la Aduana de Tijuana urgió en julio pasado a implementar un sistema para controlar el acceso de vehículos “chuecos” desde Estados Unidos porque mafias los siguen internando de manera masiva.
“Por Tijuana ingresan diariamente unos 65 mil vehículos por sus dos garitas (50 mil por El Chaparral y 15 mil por Otay), sin la posibilidad de inspecciones con personal de la Aduana ni apoyo tecnológico para realizarlo de manera eficiente; si bien existe tecnología parcialmente, en la realidad no coadyuva en identificar la situación legal de estos vehículos y personas, ya que no están conectados a una base de datos vehicular ni delictiva”, afirmó el Teniente Coronel retirado Fernando Martínez, administrador de la Aduana de Tijuana, en uno de los correos de la Sedena hackeados por Guacamaya.
La-Lista publicó este lunes que distintas dependencias del gobierno federal acordaron transferir por lo menos 45 mil millones de pesos al Ejército durante este sexenio para que realizara labores de seguridad, adecuaciones de hospitales, la construcción del Tren Maya y otras obras encargadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los 4 millones de correos electrónicos de la Sedena que el grupo de hackers Guacamaya filtró se encuentran algunos borradores de convenios de colaboración que la Unidad de Asuntos Jurídicos del Ejército envió a distintas dependencias federales, mismas que se comprometen a pagar sumas millonarias al Ejército.
Una actividad por la que el Ejército ha recibido recursos es la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.
El tanto, el periódico Excélsior publicó que empleados de Pemex, elementos de la Guardia Nacional, agentes ministeriales y exfuncionarios estatales están implicados en una red de huachicoleo que opera en Tabasco y Veracruz y a la que el Ejército ya tiene en la mira.
Reportes obtenidos por el grupo de hackers Guacamaya detallan la operación de un grupo delictivo encabezado por Gabriel “N”, Gabo, junto con al menos otras 29 personas, entre ellas cuatro trabajadores de Petróleos Mexicanos y dos guardias nacionales.
Aunque no se detalla qué tipo de vigilancia mantiene el Ejército sobre la red criminal, el informe destaca que se ha tenido acceso a conversaciones telefónicas en las que se presume la complicidad con agentes ministeriales y exfuncionarios estatales.
Animal Político dio a conocer que al menos 14 candidatos a presidentes municipales y diputados, de los que nueve resultaron ganadores en la elección de 2021, fueron señalados por la Sedena por tener posibles vínculos con grupos del crimen organizado en Morelos, Guerrero y San Luis Potosí.
Los políticos pertenecen a PRI, Morena, PAN, PT, MC, Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza y PRD, y presuntamente tienen relación con Guerreros Unidos, La Familia, Los Rojos, Cártel Independiente de Infiernillo y Cártel Jalisco Nueva Generación, según diversos reportes contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo hacktivista Guacamaya.
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