Los datos del Inegi reflejan el sentir de una gran parte de la población en México, que a través de sus votos el pasado 2 de junio, respaldaron al proyecto de la llamada Cuarta Transformación para otorgarle la mayoría calificada en el Congreso y así poder aprobar el Plan C que reforma al Poder Judicial.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Los jueces en México son percibidos como una de las autoridades mas corruptas por seis de cada diez personas, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) presentada este día por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la percepción de corrupción respecto a las autoridades, el 64.6 por ciento de la población de 18 años y más considera que los jueces son deshonestos. En primer lugar están los agentes viales con el 72 por ciento.
Sobre la percepción de corrupción respecto a las autoridades, 66.4 por ciento de la población de mujeres de 18 años y más considera que los jueces son corruptos, mientras que para la población de hombres este porcentaje fue de 62.9 por ciento.
La percepción de corrupción de las autoridades entre otros sectores de la población no es muy diferente, entre las personas de 20 a 29 años, los jueces se ubican en el segundo lugar con el 63.3 por ciento. Entre las personas de 30 a 59 años también ocupan la segunda posición con el 65.4 por ciento, mientras que entre la gente de 60 años y más acumulan el 64.3 por ciento.
En el caso de la población con escolaridad superior, personas que concluyeron una licenciatura, maestría o doctorado, los jueces también ocupan la segunda posición de las autoridades con mayor grado de percepción de corrupción.
En cuanto al nivel de confianza en las autoridades de seguridad pública, los encuestados colocaron a los jueces en la séptima posición con el 60.5 por ciento, solo por arriba de los Ministerios Públicos y Fiscalías Estatales, Policías Preventivas municipales y policías de tránsito.
Al respecto, Dwight Dyer Leal, director de estadísticas del Inegi, mencionó en entrevista con “Los Periodistas” que solo el 18.9 por ciento de la población encuestada identifica a los jueces, uno de los niveles más bajo en cuanto a conocimiento de las autoridades.
“Como parte del estudio se le pregunta a la población adulta si identifica a las autoridades […] a los jueces solo los identificó 18.9 por ciento de la población, es decir, un porcentaje muy pequeño de la población están en contacto con los jueces, esto es tanto a nivel local como en el orden federal”.
Además, Dwight Dyer señaló que los jueces se encuentran entre el grupo de autoridades con mayores índices de percepción de corrupción con un porcentaje superior al 50 por ciento.
“De todas las instituciones y las autoridades por las que se pregunta, solamente tres tienen percepciones menores al 50 por ciento, el resto de las autoridades incluidos los jueces tienen niveles de percepción de corrupción mayores al 50 por ciento”.
Los datos del Inegi reflejan el sentir de una gran parte de la población en México, que a través de sus votos el pasado 2 de junio, respaldaron al proyecto de la llamada Cuarta Transformación para otorgarle la mayoría calificada en el Congreso y así poder aprobar el Plan C que reforma al Poder Judicial.
A pesar de contar con el respaldo de más de 36 millones de mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima figura del Poder Judicial, a través de su Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, ha intentado frenar y desechar por todos los medios posibles la Reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ha fracasado una tras otra vez.
En un nuevo intento para frenar la Reforma al Poder Judicial, el pasado 18 de septiembre Norma Piña abrió una nueva consulta con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si es procedente una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) interpusieron para suspender la aplicación de la Reforma Judicial, ya firmada y publicada por el Ejecutivo.
La Ministra presidenta de la Corte solicitó esta consulta para revisar el cumplimiento cabal del procedimiento legislativo que aprobó la Reforma Judicial, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; así como su “contenido material”.
La consulta fue turnada como asunto urgente a Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien debe presentar los proyectos al pleno para su discusión.
El pasado 5 de septiembre, Piña Hernández abrió dos consultas con las y los otros ministros del máximo tribunal del país para determinar si podía ordenar que se suspendiera el proceso de reforma al Poder Judicial, que en ese momento apenas estaba aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.
En dos acuerdos publicados, la Ministra presidenta de la Corte había solicitado revisar el ejercicio de la facultad de atracción del dictamen y formular la consulta respectiva sobre la suspensión de la discusión de la Reforma Judicial, pues consideró que legalmente no estaba claro si se podía pedir dicha suspensión.
Los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las principales defensoras de la Reforma Judicial en la Corte, quien presentó los proyectos al pleno para su discusión.
La presidenta de la SCJN buscaba saber si tenía permitido intervenir en este asunto, en el que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) le pidió el pasado 3 de septiembre que se pronunciara sobre el respeto a la independencia judicial y el decreto de reforma al PJF para que se suspendiera el procedimiento y se declarara su invalidez.
Al respecto, el Presidente López Obrador aseguró el pasado 16 de septiembre que no existe ningún recurso legal que pueda detener la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada el domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que propone para 2025 la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros.
“¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese la mayoría calificada, que en la mayoría de las legislaciones estatales se hubiera rechazado o que el titular del Ejecutivo no la hubiese publicado. Ya todo se hizo. Ya está en vigor la reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno”, expresó.
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