Por Carlos Angulo Parra
El presidente López y su impulsada presidente electa Sheinbaum, en un ominoso video transmitido por las redes sociales, se ufanaron de la firma, por parte del presidente, del Decreto (no se promulgan los decretos de reforma constitucional) que ordena la publicación de la reforma constitucional que destruye al Poder Judicial.
El discurso oficial engaña, diciendo que con esta reforma se acabará la corrupción. Nada más falso que eso, lo que hace esa reforma es poner al Poder Judicial bajo el poder absoluto del Ejecutivo Federal, por las siguientes razones y con las consecuencias que describo:
La postulación de las candidaturas a ministros, magistrados y jueces, quedará en tercios, uno por el Poder Ejecutivo, el otro, por el Poder Legislativo y el último, por el Poder Judicial.
Con esto, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con los amplios recursos políticos y económicos con que cuentan, promoverán la elección de los candidatos que postulen, siendo pocos o nulos los casos en los que las candidaturas del Poder Judicial prosperen.
El nuevo cuerpo dentro del Poder Judicial, denominado Tribunal de Disciplina Judicial, se compondrá por 5 magistrados elegidos por voto popular de las listas de candidatos postulados por los tres Poderes de la Unión. Sus integrantes tienen amplias facultades de destituir a cualquier juzgador, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte. Con esto, el dominio de los que integran el Poder Ejecutivo será absoluto sobre los juzgadores.
Al tener el gobierno dominio total de las candidaturas, a través del Ejecutivo y el Legislativo en la preferencia sobre la postulación de candidaturas y, eventualmente, a través de la captura total del Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros, quedarán convertidos en simples empleados dependientes del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República y de sus funcionarios.
Con esto, el llamado Estado de Derecho, no será más que una farsa, ya que no estará sujeto a reglas del juego jurídicamente estructuradas, aunque en apariencia sí lo esté, sino que estarán las decisiones judiciales sometidas a la voluntad del funcionario de gobierno que tenga un interés particular en que el caso se resuelva en determinado sentido.
Al existir esta situación, la seguridad jurídica será inexistente, siendo dicha seguridad esencial para que las inversiones en negocios tengan garantías de que se cumplan las condiciones necesarias para su desarrollo. Si en el desarrollo de algún negocio se llegaren a tocar fibras sensibles de algún interés del gobierno o de cualquiera de sus miles de funcionarios que puedan tener intereses encontrados, la resolución judicial siempre favorecerá a los intereses del gobierno o funcionario interesado. Con ello los niveles de riesgo en los negocios crecerán exponencialmente encareciéndose el costo de hacer negocio en detrimento del consumidor mexicano y de la competitividad como país.
En cuando al desarrollo democrático, olvidémoslo de él, aun si persiste la autonomía del INE, que dentro de los planes de morena está su desaparición, ya que la integración de sus consejeros “ciudadanos”, quedarán a la voluntad del Ejecutivo, ya que no contamos en el Congreso con la oposición en cantidades de curules necesarias para hacer contrapeso. Pero lo peor de todo, es que la última instancia electoral, que es la de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que se encarga de juzgar en última instancia los conflictos electorales y de calificar las elecciones, quedará en manos de lo que le dicten los intereses del Poder Ejecutivo.
Conclusión:
Con esta reforma destructora, perdemos el Estado de Derecho, el balance de poder que defiende a los ciudadanos del abuso de poder de los gobernantes, los derechos humanos que quedarán como letra muerta ante un Poder Judicial capturado. La economía dejará de crecer ante la incertidumbre en los negocios, y, sobre todo, quedaremos sin democracia.
La solución no vendrá hasta que se levante el pueblo de una forma generalizada, lo ideal es que sea en elecciones en donde el voto revece los niveles de fraude y manipulación que pueda ejercer el gobierno y haga que caiga el gobierno para reestablecer en México los valores republicanos perdidos. Esto puede suceder pronto o puede durar muchos sexenios, pero quedará exclusivamente en las manos de los mexicanos.
