Por Carlos Angulo Parra
Nuestro país está a punto de sucumbir hacia una dictadura y la gente en general no tiene ni idea de lo que está pasando. Lo extraordinario del asunto es que se ha generado por el gobierno un estado de ánimo de que ya no se puede hacer nada al respecto, por lo que la gente se resigna y espera que no pasará gran cosa con su vida.
Lo que no se sabe es que el resultado de las elecciones de ninguna forma le concede al oficialismo la facultad de cambiar nuestra Constitución, destruyendo el débil balance de poder que ha existido en México que ha impedido los abusos de los que han obtenido mayoría en las urnas.
Sí, en efecto, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de la República en las elecciones del 6 de junio pasado, pero la coalición de partidos que la postularon no ganó la mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución.
Pero ahora el gobierno, a través de la ilegal intervención de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, pretende imponerle a las autoridades del INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la absurda interpretación literal de la Constitución, haciendo caso omiso de la historia detrás de las diversas reformas constitucionales en materia de sobrerrepresentación, y del valor del voto respecto a la proporcionalidad que debe guardar en la asignación de las diputaciones de representación proporcional, y no se diga, la justicia y equidad del caso.
El oficialismo ha sido profundamente crítico de que muchas de las resoluciones judiciales se basan en la letra de la ley y que ignoran la justicia del caso concreto, pero ahora que pretenden beneficiarse de una absurda interpretación de la ley, la defienden a capa y espada, haciendo caso omiso de la injusticia, inequidad y resultado absurdo e incongruente de dicha interpretación.
Ahora es necesario concentrarnos en los efectos que dicha sobrerrepresentación puede traer al país, que es la instrumentación del “Plan C” del presidente López, que captura a la Suprema Corte, elimina a los organismos autónomos y a la representación proporcional, tanto en deterioro de la democracia como en la pérdida de oportunidades económicas que devendrían en detrimento del bienestar de los mexicanos, y a la muy posible pérdida de libertades y de la protección de los derechos humanos, que devengará en la generación de un Estado dictatorial.
Pero ¿por qué no existe una indignación generalizada en el país por ello? Simple y sencillamente, porque el discurso oficialista lo engulle gran parte de la población, sin importarle nada del fondo y sus consecuencias. Para otros, existe una especie de resignación del que “ya no se puede hacer nada”. Lo patético del asunto es que las consecuencias de estas reformas traerán para la vida cotidiana de los mexicanos cambios profundos en el ejercicio de las libertades, ya que los derechos humanos se aplicarán al contentillo de la autoridad con criterios de conveniencia política. El gobierno podrá encarcelar a cualquier persona sin posibilidad de defensa. El crimen organizado actuará como el brazo tenebroso del gobierno con absoluta impunidad y poder absoluto en las regiones que pacte con el gobierno.
¿Eso queremos los mexicanos? Realmente no lo creo, el problema es que la inmensa mayoría de la gente, o no lo entiende, o se ha resignado a esperar el “a ver qué pasa”. Por ello es muy importante que las personas que comprendemos este gran peligro debemos de luchar para evitarlo. Esta destrucción que el “Plan C” pretende, depende de los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cuando interpreten la Constitución respecto a la extensión que la sobrerrepresentación tendrá en la conformación de la Cámara de Diputados. Después de esta decisión, los partidos pueden impugnarla ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Como se ha sabido ampliamente hay dos interpretaciones:
La primera, otorga una sobrerrepresentación al oficialismo que ronda en el 20%, disminuyendo a la oposición en un 16%, obteniendo con esto la mayoría calificada para reformar la Constitución.
La segunda, es otorgar a los partidos mayoritarios que actuaron en coalición, una sobrerrepresentación no mayor al 8% en su conjunto. De esa manera los partidos oficialistas no obtienen la mayoría calificada y están impedidos a aprobar reformas constitucionales.
En conclusión, queda en las manos de cinco magistrados del Tribunal Electoral, la sobrevivencia de nuestra República, de nuestra democracia, de nuestras libertades, así como la viabilidad económica del país. Y, curiosamente, de su interpretación depende la sobrevivencia de sus cargos de magistrados.
