Por Carlos Angulo Parra
Increíble que no haya una clara percepción en México de que estamos a punto de que nuestras libertades se destruyan y desaparezca nuestra democracia. Lo peor de esto, es que, como resultado de las pasadas elecciones, los electores no dieron un mandato para que esto suceda.
Me explico, aunque Claudia Sheinbaum claramente ganó las elecciones presidenciales, independientemente de las múltiples violaciones a las leyes electorales cometidas por el presidente de la República, los actos anticipados de campaña, por el uso de recursos públicos de manera descarada, la compra de votos y la intervención del crimen organizado, los electores sí depositaron sus boletas a su favor en las urnas el día de la jornada electoral.
Hasta ahora, no hemos visto evidencias que prueben claramente lo contrario, sobre todo, después de que se abrieron y recontaron más del 65% de las casillas electorales. La virtual presidente electa, no recibió un mandato para cambiar nuestro sistema político, porque los electores no le otorgaron al Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la mayoría calificada para cambiar la Constitución.
En el Senado, el oficialismo se quedó corto entre dos y cuatro senadores para adquirir dicha mayoría calificada, y en la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo alrededor del 54.7%, distando del 66.66 % necesario para poder cambiar la Constitución. Estos niveles de votación no dan los votos necesarios para reformar la Constitución. Sin embargo, con una interpretación de la Constitución relacionada con el tema de la sobrerrepresentación, que es un concepto que se inventó para otorgarle mayoría simple al partido que hubiera obtenido el mayor número de votos, dicho principio nunca fue diseñado para que se obtuviera una mayoría calificada con mandato para reformar la Constitución.
Para que esta interpretación sea efectiva, es necesario que dos instituciones la validen; la primera es el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, en la asignación de candidaturas por el principio de representación proporcional (los diputados y senadores plurinominales), la otra es una ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de que alguno de los partidos políticos demande la nulidad de la interpretación realizada por el INE en la asignación de los plurinominales.
Los medios de comunicación, inclusive algunos anti-régimen como Latinus, han dado por hecho que ya existe una mayoría calificada en el Congreso con mandato para reformar la Constitución, pero estimo que esta situación no se debe de tomar a la ligera, porque de esta asignación de curules depende la permanencia de nuestras libertades y la desaparición de nuestra democracia. Estoy seguro de que los electores no votaron para ello.
¿Por qué afirmo que con esta mayoría calificada podemos perder nuestras libertades y nuestra democracia?
Asevero lo anterior, por las siguientes razones:
El presidente López, a partir del mes de septiembre en el que toma posesión el nuevo Congreso de la Unión, ha anunciado que la iniciativa ya presentada para reformar la Constitución para que los jueces de distrito, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte, todos del Poder Judicial de la Federación, sean despedidos y remplazados por funcionarios judiciales elegidos directamente por los ciudadanos.
Ello implica, en primer lugar, un gran colapso en nuestro sistema de justicia de consecuencias incalculables. Imagínense ustedes los cientos de miles de casos que están en proceso de resolución que de repente los dejen en el aíre, para ser atendidos por personas que no tienen noción ni antecedentes de los asuntos en curso. Esto en lo mejor de los casos. Lo peor, es que sean sustituidos por personas que no tengan las capacidades profesionales ni técnicas de las que sí tienen los funcionarios judiciales que van a ser despedidos, ya que ellos son sometidos a estrictos exámenes de conocimientos y, en muchos de los casos, derivan de personas con amplia experiencia judicial desde los poderes judiciales de los estados.
Esta situación causará, aparte de un gran retraso en un sistema judicial de por sí carente de recursos y saturado de asuntos (México es uno de los peores países del mundo en el ratio jueces en relación con el número de población), el que se comentan innumerables injusticias.
Con la intervención de un proceso electoral para su elección, en donde se prohíbe el uso de recursos públicos y privados, quedará sujeta la elección de jueces, magistrados y ministros, a la intervención de los partidos políticos (principalmente del oficialismo), de intereses económicos que ilegalmente intervengan y del crimen organizado, perdiéndose la independencia judicial, piedra angular para la impartición de la justicia, pudiendo los ciudadanos perder la libertad con suma facilidad, quedando sometidos no al dictado de la ley, sino a presiones políticas y de intereses creados en toda su conducta a lo largo de sus vidas.
La otra reforma anunciada es la de la designación de los consejeros del INE a voto popular, quedando el árbitro electoral capturado por el oficialismo de una manera total. Con ello perdemos la imparcialidad en el manejo de las elecciones y podemos perder múltiples salvaguardas contenidas en nuestro sistema electoral con modificaciones que se hagan a la Constitución para dilapidar nuestra democracia.
Finalmente, la eliminación de los plurinominales en el Congreso. Con esto se elimina la representación de las minorías y habría una regresión al siglo pasado, en donde el partido del gobierno obtendría niveles del 80% al eliminarse la representación proporcional, dando otra estocada mortal a la democracia.
Conclusión:
Los ciudadanos debemos de ser firmes en la defensa de nuestra democracia y libertades en este momento crucial. Las elecciones no dieron al oficialismo el mandato para destruir esos baluartes. Actuemos en consecuencia.
