Por Carlos Angulo Parra
Si a usted le pregunto, ¿desea que los ciudadanos ya no paguemos impuestos al gobierno? Les aseguro que casi obtendríamos el 100% de respuesta que sí. Ahora bien, si usted constantemente está recibiendo información del gobierno de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, son una bola de corruptos, que abusan de los mexicanos y que viven como marqueses, y luego le preguntan que si usted estaría de acuerdo en elegirlos en voto directo. Pues claro que obtendrán una votación arriba del 70% en que sí.
Si el gobierno hiciere caso al deseo ciudadano relativo a la primera pregunta, el ciudadano no tendría servicios públicos de agua y electricidad, el ciudadano no tendría servicios de salud, de educación, no habría alumbrado público, mantenimiento de calles, carreteras e infraestructura de transporte, el ciudadano no tendría servicios de policía de bomberos, no habría dinero para pagar al ejército y a la armada, no se podría pagar a la burocracia, por lo que no habría control ecológico, recolección de basura, no habría control en las aduanas, puertos y aeropuertos. En fin, entraríamos a la ley de la selva, en la que quienes gobiernan serían los criminales. Sería el caos absoluto, con un gobierno fallido.
Pues bien, en el caso de la reforma judicial propuesta, en la que se pretende que jueces, magistrados, ministros y las personas que los supervisarán y juzgarán sean elegidos por voto popular, una cuestión de colapso gubernamental puede pasar, aunque no en la magnitud y rapidez en la que el escenario de no pagar impuestos puede ocasionar, sí, con una dureza que no se ha medido. Sobre todo, debemos de tomar en consideración de que el primer escenario planteado (no pagar impuestos) es hipotético y especulativo, este segundo escenario es real, muy posible, con efectos inmediatos.
Me explico respecto a las repercusiones. El Poder Judicial, es uno de los tres componentes esenciales del Estado Mexicano, que, junto con los poderes Ejecutivo y Legislativo, componen el elemento llamado “Gobierno”, que, con el Pueblo, Territorio y Estado de Derecho, componen la noción de “Estado”, cuyo fin es brindar al pueblo el “bien común”, que son las condiciones necesarias para el desarrollo de cada uno de los individuos que integran al pueblo.
El Poder Judicial, como parte del gobierno, tiene las siguientes funciones esenciales:
Resolver controversias entre particulares, aplicando los parámetros establecidos en las leyes, que derivan de los principios establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en donde México es parte, así como en los principios generales de Derecho y resoluciones o precedentes judiciales que los tribunales del propio Poder Legislativo dictan.
Dirimir controversias que existen entre el gobierno y el pueblo, derivadas de la aplicación del llamado “principio de legalidad”, consistente que para el ciudadano todo lo que no le esté expresamente prohibido por la ley, le está permitido y para el gobierno, todo lo que no se le autorice expresamente por la ley, le está prohibido.
Resolver las violaciones a la Constitución y a los Tratados Internacionales en los que México es parte, realizadas por cualquiera de los Poderes de la Unión; es decir, por el presidente de la República (Poder Ejecutivo, con todas sus dependencias), por el poder legislativo, tanto federal, representado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y las legislaturas de los Estados y la Ciudad de México.
La interpretación de la ley y de la Constitución en última instancia.
En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llevar a cabo las funciones descritas en los números 2 a 4 anteriores en última instancia, exclusivamente en materia electoral.
Como se visualiza de lo anterior, las funciones del Poder Judicial son esenciales para la certeza y seguridad jurídica, para la protección de los derechos humanos, para el orden y la seguridad.
Descrito lo anterior, podemos concluir que es necesario que dicho poder esté, en la medida de lo posible, libre de influencias externas, para que, a los jueces, magistrados y ministros, puedan juzgar con independencia, libres de presiones, ajenos a ideologías y prejuicios, para basarse estrictamente en la Constitución, en los Tratados Internacionales, las leyes y principios de derecho, resolviendo de esa manera las controversias que se les presenten.
Esta situación da certeza y seguridad jurídica, requisitos esenciales para tener orden y paz para generar un ambiento propicio a los negocios y desarrollo de la sociedad. Pero, si tenemos juzgadores sujetos a los vaivenes políticos de una elección popular, lo primero que se pierde con ello, es la independencia y autonomía con que el juzgador debe conducirse. Si los jueces están sujetos a las personas que los apoyan para su elección, estarán sujetos a sus presiones ya al cumplimiento de sus intereses, económicos, ideológicos, políticos, de grupo. Por todo ello, la elección de los juzgadores por voto popular no es regla en los países serios y desarrollados del mundo.
Por ahora, el Congreso no tiene los integrantes necesarios para que esta barbaridad se apruebe, pero el INE y el Tribunal Electoral traen una interpretación que puede darle al oficialismo una sobrerrepresentación muy superior al 8% que la Constitución autoriza, debemos de ejercer presión sobre ellos para que esto no suceda y se nos aplasten nuestros derechos irremediablemente.
