Por Carlos Angulo Parra
Estamos a fin del cuasisexenio del presidente López, quien ha amenazado con hacer 20 reformas constitucionales y a leyes secundarias a profundidad, las cuales destruyen nuestro entramado constitucional de balance de poderes y nuestra democracia. Todas ellas las ha suscrito y apoyado su corcholata/candidata Sheinbaum. Sin embargo, algo pasa en Palacio, que el presidente ha empezado con tres reformas que adelantan esta situación y ponen de manifiesto su desesperación de destrucción aun antes del término de su mandato. Estas reformas son:
Cambios al régimen de las Afores y vivienda.
Con esta iniciativa, el gobierno pretende despojar a los trabajadores, que cotizan en el IMSS, al cumplir 70 años, y 75 años de edad al cotizar en el ISSSTE, no hayan hecho uso de sus beneficios, transfiriendo los fondos que tienen en sus Afores y los destinados a vivienda, a un fondo manejado por el gobierno que se denominará Fondo de Pensiones para el Bienestar; con el fin de completar la pensión de las personas que se jubilan con sus recursos aportados a sus Afores para completar el 100% de su último salario al momento de jubilarse o, en su caso, devolverles los recursos que ahorraron cuando los reclamen, a través del establecimiento de una reserva financiera que generará intereses conforme lo determine el Consejo Técnico del Fondo mencionado.
Esto implica que el gobierno pretende financiar a unos trabajadores con los recursos ahorrados por otros, en lugar de que el gobierno utilice recursos fiscales para cumplir con sus promesas.
Aunque la reforma establece que los trabajadores cuyos fondos se trasladan de sus Afores y de su fondo de vivienda al fondo del gobierno, pueden recuperar sus recursos cuando proceda, lo importante de este movimiento del gobierno de López, es que es un primer paso (para ver cómo reacciona la gente), de despojar de su patrimonio a unos para beneficiar a otros, generándose un antecedente perverso hacia expropiaciones futuras con “fines sociales”. Precisamente así empiezan las dictaduras “socialistas”, de quitarle “a los que tienen, para dárselo a los que no tienen”.
Este movimiento es equivalente a que el gobierno, por una ley que apruebe su mayoría, haga que los ahorros de los ciudadanos depositados en los bancos se trasladen a fondos del gobierno “para su custodia” y uso para obras gubernamentales o “causas sociales.
Si dejamos que estos movimientos continúen, estamos poniendo en riesgo la propiedad privada y nuestros patrimonios.
Eliminación de la suspensión en los amparos contra leyes.
Esta iniciativa pretende que cuando exista una ley emitida por el Congreso de la Unión que sea recurrida a través de un juicio de amparo promovido por los ciudadanos o persona morales, se elimine la suspensión, aun cuando el no concederla afecte al interés social, eliminándose también la suspensión, por estar en contra de mandatos constitucionales.
Con estas reformas se pierda la facultad de que los jueces suspendan los efectos de una ley mientras transcurre el proceso del juicio, por lo que se puede afectar el interés social o causar, una norma inconstitucional, daños graves a la sociedad, ya que los juicios de amparo pueden tardar años para su resolución final.
El gobierno, con estas reformas pretende llevar a cabo la emisión de leyes que afecten el interés social o nos afecten a todos por no estar ceñidas a la Constitución, por lo que es de esperarse que se tengan planeadas reformas a leyes que no estén acordes con el texto de la Constitución (como la que afecta a los pensionados que vimos en el punto1 anterior), dando el gobierno un paso adicional hacia el autoritarismo.
Reformas que facultan al presidente de la República a otorgar discrecionalmente amnistías.
Otra iniciativa que nos parece sospechosa, es que se faculta al presidente el conceder amnistía (perdones) “a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano”. Es decir, con esta facultad, el presidente tiene carta blanca y autorización absoluta de perdonar a delincuentes que le aporten algo que puede ser beneficios para la sociedad, o también puede haber enjuagues y componendas con los criminales para realizar actos que políticamente le convengan al Ejecutivo Federal en turno.
También aquí nos preguntamos, ¿cuál es la motivación de López que quiere, a estas alturas de su administración, tener esta facultad tan discrecional para beneficio de los delincuentes que puedan conllevar un beneficio a su movimiento que tiene una y mil sospechas de estar coludido con el crimen organizado?
Esperemos dar la batalla en el Congreso y en los tribunales para derrotar estas iniciativas que únicamente añaden más tensión política que la que tenemos.
