Por Carlos Angulo Parra
Existe muchísimo desconocimiento en la población en general sobre la función del poder judicial en nuestro país, es por eso que populistas como el presidente actual, se aprovechan para engañar al pueblo sobre la razón de sus pretendidas reformas al poder judicial.
El poder judicial es el que, en última instancia, es decir, ya no hay mayor decisión que la que el mismo Poder determina, a lo menos en el interior de la República mexicana, Adminístrale interpretación de la Constitución, y vigila que se respeten los derechos humanos, a través del cumplimiento de la ley, dirimiendo controversias entre el gobierno y los habitantes del territorio nacional y en tren los particulares.
Con la reforma al poder judicial lo que el poder ejecutivo (presidente de la República, con todas sus dependencias del gobierno federal) pretende hacer, es tener el control absoluto de la designación, de ministros, de la corte, magistrados y jueces federales, así como los magistrados y jueces locales.
Con ello, quedará a arbitrio del poder ejecutivo, el determinar el sentido de las sentencias que dicten los juzgadores tanto a nivel federal como a nivel local.
Claro está, que no en todas las controversias, sobre todo las que se suscitan entre particulares, el gobierno va a tener interés en interferir. Sin embargo, la Reforma pretende destruir el entramado total del poder judicial existente, pretendiendo cambiar a todo el personal de la judicatura por personas inexpertas, por lo que, es de suponerse que habrá, tanto corrupción como ineficacia en la determinación y solución de los conflictos entre particulares.
Con esto, en Ciudadano común debe de tomar en consideración que cada vez que se vea afectado en algún derecho por el que tenga que recurrir a los tribunales, o se afronta ante un poderoso con contacto con el gobierno para sesgar la resolución de su controversia, o una persona con el suficiente dinero para impulsar una sentencia a su favor.
Y, sobre todo, cuando haya una controversia con el gobierno, lo más seguro es de qué será juzgada, en favor de los intereses del gobierno, por parte del poder judicial, ya que les debe la chamba a los funcionarios del gobierno.
Así, todos estaremos sujetos o a la inexperiencia de los jueces, a la corrupción, auspiciada por los poderosos o criminales o a la voluntad del gobernante, pudiendo así perder nuestro patrimonio, nuestros ingresos, o nuestras libertades.
Por todo lo anterior, los primeros que pensaran dos veces en hacer inversiones en México, serán los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales, preferirán sacar su dinero del país e invertir en otro lugar que les otorgue garantías.
Sí, en el siglo pasado tuvimos una situación en la que el gobierno dominaba también a los tres poderes, incluyendo al judicial. Sin embargo, siempre hubo ciertos grados de prudencia en el manejo y ejercicio del poder. Pero, cuando México entró a formar parte del bloque comercial de Norteamérica se le exigieron reformas para crear una auténtica división de poderes, mismas que se llevaron a cabo en la época del presidente Zedillo.
Nos encontramos en una coyuntura histórica gravísima, en la que todo lo que hemos logrado de avance democrático y de libertades, será perdido, pudiendo tener un retroceso económico muy grande, con un grave riesgo de perder nuestras libertades ya hasta nuestro patrimonio.
