Por Carlos Angulo Parra
Los mexicanos votaron este 2 de junio pasado por darle a Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. También votaron para darle una mayoría absoluta a Morena y a sus aliados en el Congreso de La Unión.
Aunque nunca se imaginaron los mexicanos que esa mayoría absoluta artificialmente, iba a ser convertida por el INE como mayoría calificada, si el Tribunal Electoral ratifica dicha decisión, permitirá, literalmente, destruir nuestra República y nuestra democracia, para crear auténticamente un gobierno autocrático. Con esa mayoría calificada el partido del gobierno podrá hacer cualquier cambio a la Constitución, pudiendo tener posibilidades ilimitadas de políticas autocráticas.
¿Qué es un gobierno autocrático? Es un gobierno dirigido por una sola persona, que no tiene límites en el ejercicio del poder.
El primer cambio, programado por el presidente López es, la destrucción del poder judicial de la Federación, porque se destituye a la totalidad de los integrantes de dicho Poder, independientemente del plazo en que sean destituidos, eligiéndose a los nuevos mediante voto popular.
Con esto, se elimina por completo el balance de Poder, permitiendo que todas las resoluciones de gobierno que violen el principio de legalidad, ya no puedan los ciudadanos impugnarlas, así como las violaciones a los derechos humanos.
El principio de legalidad consiste en que toda acción de gobierno debe de estar debidamente motivada y fundamentada en una ley previamente establecida al acto de gobierno impugnado. Los derechos humanos, son los consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, otorgados a todo ser humano por el solo hecho de serlo.
Si se tiene capturado por el poder ejecutivo al poder legislativo y al poder judicial, los ciudadanos quedaríamos totalmente desprotegidos de los actos autoritarios del gobierno y de las violaciones a los derechos humanos realizadas por las autoridades, incluyendo las del poder ejecutivo y las del poder legislativo.
El título de esta columna dice “qué hemos hecho los mexicanos”. Ello aduce a que, con la votación mayoritaria otorgada tanto a la presidente electa como al Congreso de La Unión, nunca se tuvo la intención de generar un gobierno autoritario. Esto es lo que tiene que considerar el Tribunal Electoral antes de otorgar la mayoría calificada a los partidos del gobierno.
Las consecuencias de tener un gobierno autoritario son infinitas. Enumeraré las principales:
Se puede perder la libertad, por cualquier motivo, independientemente de que haya prisión preventiva oficiosas limitada a ciertos delitos, ya que el poder judicial queda capturado por parte del Ejecutivo. Cualquier ciudadano está desprotegido de que lo encarcelen sin motivo alguno. Esta pérdida es la madre del resto de pérdida de garantías que tendremos, ya que cualquier acto u omisión de un ciudadano, puede acarrear la pérdida de la libertad.
Pérdida de la libertad de expresión. El gobierno podrá dictar cualquier política que haga que perdamos nuestra libertad de expresión, teniendo el mazo de la cárcel a su disposición en todo momento.
Pérdida de nuestro patrimonio. El gobierno podrá confiscar nuestras propiedades, bienes y dinero en efectivo, con la única presión de las consecuencias que esto pueda tener el que los inversionistas extranjeros y nacionales pierdan la confianza para invertir, generándose una crisis económica.
Afectaciones a nuestra salud, seguridad, educación, bienes y servicios proporcionados por el Estado a los ciudadanos. Al estar el gobierno en plena libertad de hacer, literalmente lo que se le pegue la gana, así como faltar a sus obligaciones gubernamentales, el gobierno podrá imponernos la educación que desee, faltar a sus obligaciones de proporcionarnos, servicios de seguridad, salud y de impulsar la construcción de vivienda, así como faltar a sus obligaciones de proporcionarnos los servicios públicos necesarios, como el agua, la electricidad, gas y telecomunicaciones.
Por todo lo anterior, debemos los ciudadanos insistir al Tribunal Electoral que no le dimos a Claudia, ni a Morena y aliados, los votos para poder cambiar la Constitución que hemos pagado por ella sangre para poder protegernos de los abusos del poder y garantizar nuestros derechos humanos.