Un juez federal dictó este miércoles, auto de vinculación a proceso penal a dos de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), procesados por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes y las lesiones de otros 25, durante el incendio de las instalaciones de dicha institución, el pasado 27 de marzo en esta ciudad.
El Juez Juan José Chávez, determinó que Eduardo A. M., responsable del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Juan Carlos M. C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta Juárez y responsable de la recién creada Unidad Interna de Protección Civil de la estación siniestrada, sí tuvieron responsabilidad en el accidente, muerte y lesiones de los migrantes, mientras que Cecilia R. T., sub representante del INM en Rodrigo M. Quevedo (Palomas), fue absuelta.
La vinculación a proceso se dio alrededor de las 3 de la madrugada de este miércoles, en una audiencia que inició a las 7 de la mañana del martes, y luego que el juez conoció los alegatos, documentos y demás pruebas que presentaron los abogados defensores de los inculpados, algunas de las cuales fueron desechadas.
Los abogados de los empleados del INM, presentaron probanzas que fueron analizadas por el juez, el cual rechazó algunas y pocas fueron recibidas como idóneas, dentro de la causa penal 235/23.
Uno de los abogados argumentó que su defendido, había señalado a sus superiores las malas condiciones de las oficinas de detención de la estación de migración donde se dio el incendio, que carecía de extinguidores de incendios y que no había un protocolo de evacuación.
Además, de que no había agua ni alimentos para los migrantes detenidos, lo que a final de cuentas los llevó a iniciar el incendio.
El juez consideró que los funcionarios no cumplieron con su responsabilidad de administrar recursos para dar un trato adecuado a los migrantes que se procesaban en las instalaciones del INM, ya que ni siquiera había certeza de que había agua, papel, o alimentos para los detenidos.
Además, había una orden específica de evitar por cualquier medio que los migrantes tuvieran acceso a cigarros, cerillos o encendedores, por antecedentes de incendios en otras instalaciones del INM.
La acusación de uso indebido de la función pública estribó en que los funcionarios a los que se vinculó a proceso, no hicieron lo necesario y suficiente para cumplir con reglamentos diversos, para garantizar el trato adecuado, humano y seguro de los migrantes que eran procesados en la estación migratoria de Ciudad Juárez, y que derivó desafortunadamente en la muerte de 40 de ellos y causar lesiones a otros 25.
El próximo viernes se desarrollará la audiencia de vinculación a proceso del delegado del INM en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero.
