La violencia y los enfrentamientos entre personas que rechazan y apoyan la huelga indefinida, que este viernes cumple 21 días, vuelven a las calles de la región de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, en la que aún se vive la tensión en medio de petardos y gases.
Sectores sociales como los gremiales y transportistas, varios afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce, marcharon este viernes en Santa Cruz en rechazo a la huelga indefinida con la que se exige que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y no 2024, como definió el Gobierno a través de un decreto.
Los manifestantes, que iniciaron la marcha en el Parque Urbano central en Santa Cruz y se dirigieron hasta donde queda el monumento al Chiriguano, portaban fotografías de líderes cívicos como el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador de esa región, el opositor Luis Fernando Camacho, exigiendo su destitución.
Además, algunos de los que se encontraban adelante de la marcha llevaban palos para desbloquear los puntos que impiden el paso peatonal y vehicular desde hace 21 días.
Esta marcha logró llegar hasta el monumento de El Chiriguano desbloqueando las vías y agrediendo a las personas de los puntos de bloqueo, al igual que a los medios de comunicación que cubrían esta protesta. Incluso, destruyeron algunos equipos de trabajo de la prensa, lo que desató un fuerte enfrentamiento.
Ambos bandos se lanzaron piedras, prendieron fuego a llantas y se apuntaron con petardos, por lo que la Policía tuvo que intervenir lanzando gases lacrimógenos.
En tanto, un grupo movilizado ingresó a la fuerza a la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y prendió fuego a sus instalaciones, destruyendo el lugar en el momento en el que la Policía se replegó.
El gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, se dirigió hasta el Comando Policial para exigir una reunión con la Policía y para que le informen cómo esa institución resguarda a la población ante denuncias de excesos de fuerza de los uniformados.
A juicio de Camacho, la Policía está resguardando a los «masistas» que están agrediendo al «pueblo» y que, además, los uniformados están lanzando gases y deteniendo a personas que no tienen nada que ver con la situación.
«La Policía es para defender al pueblo, como dice la Constitución y no para defender a un partido político», expresó Camacho refiriéndose al gobernante MAS.
El gobernador le hizo comprometer al comandante de la Policía en Santa Cruz, Jhonny Chávez, a que no «resguarden» a los afines al MAS y que hagan su trabajo de defender a la población.
Chávez, por su parte, recibió al gobernador en la puerta del comando y expresó a los medios que trabajan en «bajar la tensión» en los enfrentamientos y negó que haya un resguardo a la gente afín al partido del presidente Arce.
Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, manifestó a través de sus redes sociales que «miles de cruceños» salieron a una marcha «pacífica para defender su derecho al trabajo y (exigir) que se levante» la huelga indefinida, que calificó de «delicuencial» y que ya «dejó mucho sufrimiento al pueblo».
«Esta era la marcha pacífica del pueblo que fue atacada brutalmente por sectores radicales financiados que buscan el enfrentamiento», indicó el ministro.
Pidió a Camacho que se «pare la violencia» y sostuvo que lo que «no logró mediante el diálogo, no logrará con la violencia».
Santa Cruz lidera desde el pasado 22 de octubre un paro con el objetivo de que el censo poblacional se efectúe en 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en los que están previstos los comicios presidenciales.
Inicialmente, el empadronamiento se fijó para este mes, pero en julio pasado el Gobierno lo postergó para 2024 bajo el argumento de problemas técnicos y la necesidad de conseguir «datos de calidad» mediante la «despolitización» del proceso.
Santa Cruz tendrá un cabildo el próximo domingo para definir si se mantienen o se levantan las medidas de presión.
Agencia EFE
