El gobierno de Honduras movilizó el martes a 2,000 agentes de la policía a zonas controladas por grupos criminales, en el inicio de un estado de excepción parcial que abarca a 165 sectores de las dos principales ciudades del país.
La medida, aprobada el sábado por 30 días en una sesión del consejo de ministros, forma parte de un proyecto de la administración de la presidenta Xiomara Castro para hacer frente a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, así como otras bandas delictivas.
El jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que fueron desplegados 1,000 agentes en la capital, Tegucigalpa, y otros 1,000 en la norteña ciudad San Pedro Sula, asegurando que la suspensión parcial de los derechos constitucionales no afectaría a la gran mayoría de los hondureños.
La aplicación del decreto, que otorga a las autoridades la facultad de arrestar a quienes consideren sospechosos sin necesidad de una orden judicial, ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos.
El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, advirtió en su cuenta de Twitter que: «Las medidas de excepción dan más poder a los que actúan al margen de la ley y coloca en alto riesgo a población indefensa».
El plan de lucha contra las bandas criminales fue adoptado por el gobierno hondureño en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión se ha incrementado en los últimos meses.
El fin de semana, el vecino país El Salvador anunció el despliegue de 10,000 efectivos de las fuerzas de seguridad en un conflictivo suburbio capitalino, que durante años ha sido considerado un bastión de las pandillas.
Reuters
