El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo el martes que sus opositores pretenden «dinamitar la democracia» y rechazó las acusaciones de corrupción en su contra, un día antes de que el Congreso se reúna para decidir si el mandatario debe continuar en el cargo.
El Congreso ha convocado al presidente, a las 15.00 horas local (2000 GMT) del miércoles, para que responda a acusaciones de «permanente incapacidad moral» para gobernar, en el tercer intento de la oposición de sacarlo del poder desde que asumió en julio del 2021 para un mandato de cinco años.
Para expulsar al mandatario izquierdista se necesitan 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso. La moción de «vacancia presidencial» fue aprobada la semana pasada con 73 votos, la mayoría de partidos de derecha.
Castillo, en una ceremonia por el aniversario de la creación de la policía nacional, dijo que «ciertos sectores» buscan en base a «calumnias» arrebatar la «tranquilidad» que vive el país andino, el segundo mayor productor mundial de cobre.
«Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho de elegir de nuestros pueblos, atentando contra la figura de la presidencia para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó», dijo en tono enérgico Castillo.
«Reitero que no soy corrupto, porque mi nombre y el buen apellido de mis padres jamás lo mancharía», agregó en la ceremonia donde participaron altos jefes militares y diversas autoridades, entre ellos el presidente del Congreso.
El presidente, que aún no ha confirmado si asistirá al Congreso, aunque si dos de sus abogados, dijo que no se está respetando el debido proceso tras pedir dos veces al Congreso, sin éxito, el envío de los «medios de prueba» que lo acusan.
«No basta en un pedido de vacancia reunir los votos», dijo a periodistas Benji Espinoza, uno de los abogados de Castillo. «Aquellos actos políticos que no respetan el ordenamiento jurídico, en su momento van a ser declarados nulos», refirió.
Castillo, un exsindicalista y profesor rural, ya sobrevivió a dos intentos de juicio político en el Congreso. El primero en diciembre del año pasado y el segundo en marzo. Como en esas oportunidades, los votos de los partidos de izquierda serían claves para la permanencia del mandatario en el cargo.
En un hecho que podría influir en los votos del Congreso, un reciente exjefe de inteligencia dijo el martes que entregó a la fiscalía «audios» que demostrarían que un sobrino de Castillo le había pedido dinero para financiar actos de corrupción; y que el mandatario no tomó medidas pese haber sido informado del tema.
De acuerdo a la sucesión del poder, si Castillo es destituido la vicepresidenta Dina Boluarte tendría que asumir el cargo para completar el mandato hasta julio del 2026.
Boluarte, una abogada de 60 años que fue hasta hace poco ministra de Inclusión Social, estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.
Castillo exhortó a la oposición una vez más al diálogo, haciendo eco al reciente pedido de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que recomendó una «tregua política» entre los poderes en pugna en Perú.
«Seamos responsables y no repitamos el capítulo de historias pasadas», dijo el presidente. «Invito a que dejemos los odios de lado y el enfrentamiento que no contribuye en favor del país».
Perú ha tenido desde el 2016 cinco presidentes, incluyendo a Castillo. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de una votación de destitución que tenía perdida, mientras que Martín Vizcarra fue defenestrado en el 2020 por el Parlamento.
Kuczynski y Vizcarra tienen investigaciones fiscales en marcha, pero ningún proceso judicial abierto hasta ahora.
Entre las razones en el Congreso para destituir a Castillo figuran su supuesta incompetencia para gobernar tras designar cinco gabinetes y al menos 80 ministros en año y medio de gestión; además de llevar a sus espaldas varias investigaciones de corrupción que involucran a su familia.
En octubre, la fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por supuestamente liderar «una organización criminal» para obtener ganancias con contratos del Estado y obstruir las investigaciones.
Castillo niega todas las acusaciones y dice que la denuncia es un intento de «golpe de Estado» de la fiscalía y el Congreso.
Reuters
