El Congreso peruano destituyó este miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política del país en más de dos décadas.
La oposición denunció autogolpe de Estado y diversos miembros del gobierno de Castillo renunciaron. ¿Fue ilegal la disolución?
De acuerdo con la Constitución peruana, sí. La Carta Magna da al presidente el poder de disolver el Congreso, pero sólo en casos muy específicos.
El artículo 134 indica que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso “si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, cosa que no ha sucedido en el país.
Si acaso hay un antecedente, fue el del 11 de noviembre, cuando el Congreso de Perú se negó a atender el asunto de la moción de confianza solicitada por el Ejecutivo. Días después, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, renunció.
Aun así, si ese caso fuera interpretado como una negación de confianza, sólo ocurrió una vez, y la ley requiere dos.
El decreto de disolución debe incluir la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Eso sí hizo Castillo, anunciando elecciones anticipadas. Este tipo de comicios deben realizarse no más allá de cuatro meses después de la disolución del Congreso. La Constitución marca que un presidente no puede disolver el Congreso en el último año de mandato, pero no es el caso de Castillo, cuyo gobierno concluía en 2026.
Una vez disuelto el Congreso, la Comisión Permanente se mantiene en funciones.
Es por eso que legisladores consideraron ilegal la disolución y posteriormente votaron por destituir al presidente por “incapacidad mental”.
Castillo fue detenido por la policía. Sobre él pesan cinco investigaciones: cuatro por corrupción y otra por presunto plagio en su tesis de maestría.
ElUniversal
