Un juez ordenó el jueves siete días de prisión preliminar para el destituido expresidente de Perú Pedro Castillo mientras la fiscalía lo investiga por rebelión, al tiempo que su reemplazante celebraba reuniones en el palacio presidencial tras una jornada dramática que conmocionó a la región.
Los legisladores del Congreso votaron el miércoles abrumadoramente a favor de destituir a Castillo, lo que provocó la rápida caída del impopular presidente, luego de que su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto se vio frustrado ese mismo día.
Castillo fue detenido poco después el miércoles acusado de «rebelión y conspiración», según la fiscalía, lo que se suma a otras investigaciones desde hace meses por corrupción.
El Poder Judicial informó por Twitter que un juzgado supremo dispuso siete días de «detención preliminar» para Castillo. En una audiencia previa, el fiscal Marco Huamán, dijo que la policía detuvo a Castillo cuando se dirigía a la embajada de México en Lima «con el fin de refugiarse y fugar del país».
Huamán manifestó que por el cargo de rebelión se considera una condena no menor de 10 años ni mayor de 20 años.
El abogado de Castillo, Víctor Pérez, rechazó la acusación de rebelión en la audiencia, argumentando que tal acto implica el uso de armas y violencia, lo que dijo que nunca ocurrió.
Castillo asistió a la audiencia por teleconferencia y se le preguntó si quería dirigirse al tribunal, pero guardó silencio.
Desde la Ciudad de México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, dijo que Castillo se contactó el miércoles con la oficina de la presidencia mexicana para avisar que se dirigía a la embajada en Lima a pedir asilo, antes de su arresto.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo por su parte en Twitter que el embajador de su país en Lima, Pablo Monroy, le informó que se entrevistó el jueves con Castillo, quien le ratificó su solicitud de asilo. «Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas», refirió.
La solicitud, que alega una «persecución puramente política», fue enviada a López Obrador por uno de los abogados de Castillo, según la misiva publicada por Ebrard en la red social.
Como colofón a la vertiginosa secuencia de acontecimientos, Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, juró como nueva presidenta del país sudamericano, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Perú.
Boluarte, de 60 años, podría nombrar un nuevo gabinete en los próximos días para dirigir el segundo mayor productor mundial de cobre, con grandes expectativas de que opte por un Gobierno de unidad.
En unas declaraciones el jueves, la mandataria sugirió que el pedido de elecciones anticipadas podría ser «democráticamente respetable», pero dijo que primero quiere mantener más conversaciones con los actores políticos del país.
Boluarte afirmó además que espera que la suspendida reunión en Lima de la Alianza del Pacífico, para el 14 de diciembre con los presidentes de México, Colombia y Chile, se pueda concretar.
«Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas», dijo. «Espero en todo caso que el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir, aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos».
El relevo de presidentes en Perú fue tomado con calma por los mercados; y el jueves la calificadora de riesgo Moody’s dijo que las principales instituciones económicas y financieras del país andino siguen siendo resistentes a la volatilidad política y ayudan a mitigar su exposición a posibles escenarios a la baja que podrían afectar su calidad crediticia.
El mandato de 17 meses del izquierdista Castillo, de 53 años, estuvo marcado por una rotación sin precedentes de altos funcionarios, así como por múltiples escándalos de corrupción que él desestimó como esfuerzos políticamente motivados de enemigos conservadores en el Congreso, controlado por la oposición, para socavar su Gobierno.
Castillo está detenido en una prisión policial de la capital, Lima, donde también está recluido otro expresidente, Alberto Fujimori, dijo a Reuters una fuente judicial a primera hora del jueves.
Casi al mediodía, la fiscal general, Patricia Benavides, acudió a la prisión policial para recibir las primeras declaraciones formales de Castillo por los cargos de «rebelión y conspiración». En las afueras de la sede policial, decenas de simpatizantes del exmandatario pedían su liberación.
Reuters
