El gobierno peruano de Dina Boluarte decretó el miércoles el «estado de emergencia» nacional para entregar el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría adelantar las elecciones generales para fines del 2023 en busca de calmar las manifestaciones.
La Defensoría del Pueblo actualizó a ocho la cifra de muertos, dos mas frente al martes, en una semana de protestas en medio de reclamos de elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte, quien era la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo.
«Se ha acordado declarar el estado de emergencia en todo el país, eso debido a los hechos vandálicos y violentos», dijo a periodistas el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Esto «requiere de una respuesta contundente de parte del gobierno» afirmó, y agregó que la medida implica la suspensión de ciertas libertades, incluido el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito.
Boluarte invocó al diálogo para frenar las protestas, pero hasta ahora no se conoce un líder visible de los manifestantes, que se concentran principalmente en el interior del país.
«Están quemando comisarías, están tomando carreteras, no dejan pasar ambulancias, están tomando aeropuertos, eso no es una protesta legal», manifestó la presidenta, y agregó que también se han registrado unos 200 policías heridos.
Más temprano, Boluarte indicó que se podría acortar aún más los plazos para las elecciones, después de coordinar acciones con los representantes del jurado electoral y del congreso.
«Los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo, haciendo reajustes (…) se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha (…) legalmente no calzaría», dijo a periodistas Boluarte, quien debería completar el actual mandato que vence en julio del 2026, según la Constitución.
Entre tanto, un juzgado supremo de Perú inició el miércoles la evaluación de un pedido de la fiscalía de imponer «prisión preventiva» para Castillo por 18 meses, en medio de la investigación en su contra por «rebelión y conspiración», en momentos en que su arresto preliminar en una base policial se debería cumplir en las próximas horas.
El Poder Judicial dijo por Twiter que la decisión de la sala sobre la prisión preventiva se definirá a más tardar el viernes.
Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado, ha convocado por Twitter a sus seguidores para que acudan a la base policial la tarde del miércoles, a la espera de su libertad.
«Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para unirme con ustedes en un abrazo», dijo Castillo, quien firmó el mensaje como «Presidente Constitucional del Perú». Castillo ha rechazado las acusaciones de rebelión y conspiración.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía y analistas dijeron que Castillo no puede salir en libertad mientras el juzgado supremo resuelva el pedido de la fiscalía para una prisión preventiva.
En las afueras de la base policial, ubicada en un distrito al este de la ciudad de Lima, decenas de simpatizantes llegaron con pancartas para exigir la libertad de Castillo.
El exmandatario, en otro mensaje por Twitter el miércoles, dijo «!Basta ya¡», definiendo su detención como un atropello y pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la ONU, que «interceda» por sus derechos.
Castillo ha obtenido cierto apoyo de líderes izquierdistas regionales, incluido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien calificó su destitución como antidemocrática.
Perú ha vivido años de crisis políticas, con sus votantes hartos de las constantes luchas internas y seis presidentes en los últimos cinco años, tras renuncias y destituciones.
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que a pesar de que Castillo ha dicho que está «secuestrado e incomunicado», el exmandatario ha podido enviar cartas públicas y mensajes por Twitter alegando su inocencia.
Revollar afirmó además que hasta el lunes, Castillo ha recibido a 139 personas en la base policial, entre familiares, amigos, legisladores de izquierda, abogados y diplomáticos. «Incluso se han tomado foto con Castillo», dijo a la radio RPP.
Imágenes de televisión mostraron el miércoles a una fila de soldados apostados al frente de la fiscalía de la región sureña de Arequipa, uno de los focos de protestas los últimos días.
El gobierno de Boluarte anunció en la víspera que las fuerzas armadas controlarán y protegerán la infraestructura clave como aeropuertos e hidroeléctricas, y las carreteras nacionales, en prevención de más protestas.
Reportes de la televisión y radio informaron también que algunos bloqueos continuaban en la jornada en el interior del país. En la víspera, los manifestantes apedrearon bancos e incendiaron parcialmente algunas entidades públicas.
El poderoso gremio de mineros y compañías de energía condenó en un comunicado las protestas de «grupos radicales». «Los bloqueos de las carreteras impiden el normal abastecimiento de combustibles a distintas regiones; y ocasionan serios contratiempos a diferentes operaciones mineras», subrayó.
La empresa Transportadora de Gas del Perú dijo en un comunicado el martes que un centenar de personas de un poblado del Cusco ingresó a la planta forzando los accesos. «Cualquier atentado a esta infraestructura puede poner en grave riesgo la integridad del personal y de los manifestantes presentes», dijo.
No estaba claro si los manifestantes seguían en la planta.
Reuters
