La Fiscalía peruana informó este martes que solicitó 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo, quien está detenido y acusado de rebelión en otro caso, y en la investigación penal que se le sigue por presunta corrupción durante su gobierno.
«La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Castillo Terrones y los ex ministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López», indicó el Ministerio Público en un tuit.
La fiscalía explicó que «el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias».
El ex mandatario, de ideología izquierdista, se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre acusado de rebelión.
Por ese caso, ya tiene impuesta una medida de prisión preventiva de 18 meses que corre en paralelo con la planteada por la fiscalía este martes y que, si se aprueba, implicaría al menos tres años de detención para el ex presidente.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El pedido de prisión planteado por el Ministerio Público contra Castillo, Silva y Alvarado sigue el procedimiento validado por el Congreso peruano, que autorizó a la Fiscalía actuar penalmente contra el ex mandatario y sus ex ministros.
Hace un par de semanas, el Parlamento aprobó una resolución legislativa que acusaba a Castillo de ser «el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión».
Los ex ministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso.
Los cargos de rebelión contra Castillo fueron formulados luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. Tras ello, el Legislativo lo destituyó y designó a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como mandataria.
La salida del poder de Castillo desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.
Milenio
