Con miras a erradicar totalmente el uso del asbesto, el diputado Omar Bazán Flores propuso tipificar cualquier intento de introducción a la sociedad, a través de una reforma a la Ley Estatal de Salud.
Expuso que esto es un aspecto que busca preservar la vida, la salud y el ambiente de las personas frente a los riesgos conocidos a su exposición.
Mencionó que el uso del asbesto ha sido prohibido en numerosos países, ya que sus propiedades aislantes al calor, esconden causales de enfermedades graves, incluyendo cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis.
La iniciativa quiere favorecer una penalización estricta de quienes introduzcan, importen, exporten, almacenen, mezclen, comercialicen, fabriquen, formulen, distribuyan, suministren (incluso gratuitamente) y usen materiales y productos que contengan asbesto.
El asbesto es un carcinógeno humano, los científicos descubrieron fibras microscópicas de asbesto, cuando se inhalan, pueden quedar atrapadas en los pulmones y otros tejidos, causando inflamación y cicatrización que pueden llevar al desarrollo de enfermedades mortales.
Las fibras de asbesto pueden persistir en el medio ambiente durante décadas, contaminando el suelo y los cuerpos de agua. La extracción, el procesamiento y la eliminación inadecuada de materiales que contienen asbesto pueden liberar fibras peligrosas al aire, afectando no solo a los trabajadores, sino también a las comunidades cercanas y al ecosistema.
Muchos países han reconocido los peligros del asbesto y han implementado prohibiciones estrictas. La Unión Europea prohibió todos los usos del asbesto en 2005, y otros países como Australia, Japón y Corea del Sur han seguido su ejemplo. Estos precedentes demuestran que es posible y necesario tomar medidas legislativas drásticas para proteger la salud pública.
Las sanciones penales actuarían como un disuasivo efectivo, asegurando que las empresas y los individuos se abstengan de utilizar asbesto, y motivando a la adopción de alternativas más seguras.
La penalización estricta también contribuiría a la protección del medio ambiente. Al impedir el uso y la liberación de fibras de asbesto, se reduciría significativamente la contaminación ambiental y sus efectos nocivos a largo plazo. Esto ayudaría a mantener los ecosistemas saludables y proteger la biodiversidad.
Para implementar la penalización, es necesario establecer un marco legal claro y robusto. Las leyes deben definir claramente las actividades prohibidas y las sanciones correspondientes. Las sanciones deben ser suficientemente severas para disuadir cualquier intento de violar la prohibición, incluyendo multas significativas y penas de prisión para los infractores.
Un sistema eficaz de monitoreo y supervisión es esencial para garantizar el cumplimiento de la prohibición. Esto incluye inspecciones regulares, sistemas de reporte obligatorio para la detección de asbesto en productos y materiales, y la colaboración con agencias internacionales para prevenir el tráfico ilegal de asbesto.
Además de las medidas legales, es crucial educar y concienciar a la población y a las empresas sobre los peligros del asbesto y las alternativas disponibles. Las campañas de concientización pueden ayudar a reducir la demanda de productos que contienen asbesto y fomentar prácticas seguras y sostenibles.
La penalización de quienes introduzcan, importen, exporten, almacenen, mezclen, comercialicen, fabriquen, formulen, distribuyan, suministren y usen materiales y productos que contengan asbesto es una medida urgente y necesaria para proteger la salud pública y el medio ambiente.
Los riesgos asociados con el asbesto son bien conocidos y graves, y muchos países ya han tomado medidas decisivas para eliminar su uso. Implementar sanciones penales estrictas y establecer un sistema robusto de monitoreo y concientización ayudará a erradicar el uso de este material peligroso, garantizando un futuro más seguro y saludable para todos.
