La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en México existen tres investigaciones penales abiertas en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por diversos delitos de narcotráfico.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que el gobierno mexicano reclama el resarcimiento de 600 millones de dólares que García Luna desvió desde México hacia cuentas en Estados Unidos.
En conferencia matutina, acompañada de la titular de Gobernación y del titular de la UIF, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se pidió información a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer si existen otras acusaciones en contra del exfuncionario calderonista.
Rodríguez Velázquez explicó que las órdenes de aprehensión giradas en nuestro país contra García Luna no están relacionadas con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.
Los tres casos que permanecen abiertos en México contra García Luna tienen que ver con el delito de introducción ilegal al territorio de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, como parte del operativo Rápido y Furioso; los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, en el caso de la construcción de reclusorios federales; y la adjudicación irregular de contratos a empresas creadas exprofeso para la edificación de dichos reclusorios.
A esos expedientes, dijo la Presidenta, se suma su participación en el caso del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en donde se señaló a García Luna por presuntamente haber protegido al supuesto segundo tirador contra el aspirante priista, pero por el cual no se logró la orden de aprehensión, debido a que un juez federal negó emitir la medida.
“Estamos haciendo una solicitud de información en la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República; estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país”, dijo Sheinbaum.
La secretaria de Gobernación detalló que en el caso de la operación llamada Rápido y Furioso, se acusó a García Luna por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos y explosivos, materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea o sujetos a control.
“Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la PGR y fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad se pudo judicializar por la actual FGR”, precisó.
“En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de dos mil armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país”, expuso Rodríguez.
La segunda orden de aprehensión pendiente en su contra es por el uso indebido de atribuciones y facultades sí como por asociación delictuosa, dijo la secretaria.
“Esta investigación también la lleva actualmente la FGR y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2020, promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de prevención social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de 2010 ex profeso para este fin”, dijo.
La secretaria de Gobernación y el titular de la UIF expusieron que la tercera orden de aprehensión contra el exfuncionario calderonista forma parte de las 61 que emitieron la Fiscalía Especial en Investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y otros fiscales de la FGR en contra de diversas personas, entre las cuales se encuentran familiares suyos, por los delitos de delincuencia organizada, peculado cometidos a través de las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc., Nice Systems Ltd. y GLAC, firma propiedad de García Luna y su esposa.
Gómez detalló que el gobierno mexicano, mediante una demanda civil, se reclama la recuperación de 600 millones de dólares procedentes del Estado mexicano que se desviaron a través del ‘Grupo Weinberg’, dirigido por García Luna, en el que participan siete personas físicas, cuatro empresas contratistas y 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades.
De esos, dijo el funcionario, se han recuperado 2.4 millones de dólares, un departamento de 555 mil dólares y que se han asegurado 15 propiedades.
La siguiente etapa de juicio está prevista para la tercera semana de enero de 2025, informó Gómez.
Milenio
