El senador Saúl Monreal se pronunció por someter a juicio político a la jueza Nancy Juárez, quien emitió la suspensión para bajar del Diario Oficial de la Federación la reforma Judicial.
El fallo vincula a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ella ya respondió que no acatará la orden, al considerar que la juzgadora se extralimitó en sus funciones.
El senador morenista por Zacatecas afirmó que la jueza “ha incurrido en actos que vulneran el interés público y popular, contraviniendo al constituyente permanente que está por encima de los tres poderes de la unión”.
En este sentido, al obstaculizar la reforma al Poder Judicial, la jueza no solo desatiende la voluntad popular expresada a través del Poder Legislativo, sino que también actúa en detrimento de la justicia al impedir la modernización de un sistema que requiere cambios urgentes para garantizar mayor transparencia, eficiencia y acceso a los derechos fundamentales.
De conformidad con el Título cuarto de la Constitución, cualquier ciudadano puede iniciar la denuncia correspondiente, para que la Cámara de Diputados comience con la acusación respectiva y posteriormente el Senado de la República se erija en jurado de sentencia. Como Presidente de la Comisión Jurisdiccional estaré pendiente de la substanciación de este procedimiento en caso de ser procedente.
Nancy Juárez, jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien dio un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar o “bajar” la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), afirmó que en caso de que esto no sea atendido, la ley la obliga a dar visto al Ministerio Público de la Federación.
“El artículo 107 constitucional es muy claro al respecto, así como el 252 de la Ley de Amparo, se incurre, y la autoridad incurriría en un delito de desacato a una resolución judicial y en ese sentido tendría que dar vista al Ministerio Público (federal), es decir, hacer la denuncia correspondiente y ya corresponderá al Ministerio Público federal continuar con el procedimiento legal”, aseguró
La jueza especificó que no ha podido comprobar si las autoridades correspondientes ya fueron notificadas con la resolución que les solicita eliminar esta reforma del DOF, pero una vez que pueda comprobar que el documento de orden judicial ya fue entregada, las personas competentes tendrán 48 horas para cumplir la suspensión.
Aseguró que ella no tiene intervención alguna en las decisiones que tome el Ministerio Público sobre si se actualiza o no el delito de desacato y tampoco sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la República solicite, en su momento, la orden de aprehensión en contra de la presidenta o de las autoridades que hayan incumplido con la orden judicial.
Aristegui
