Por www,HBMNoticias.com
La tarde del sábado 15 de noviembre, el municipio de Parral fue escenario de una nueva tragedia, pues en pleno evento familiar —una jornada de carreras de caballos en el Carril Santa Teresa— un comando armado irrumpió con ráfagas de fuego, dejando al menos siete personas muertas, entre ellas presuntos mandos del grupo criminal Los Salgueiro, brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región.
Según reportes extraoficiales, el ataque fue perpetrado por integrantes de La Línea, organización rival que busca controlar Parral y sus alrededores.
Los agresores llegaron de forma sigilosa, ejecutaron a tiros a Benito Molina (“El Benito”), Vicente Parra (“El Güilo”) y Uriel (“El Chiquilín”), operadores clave de Los Salgueiro.
También se reportó el “levantón” de otro mando criminal conocido como “El Pana”.
El evento ecuestre, que debía incluir 12 carreras entre las 12:00 y las 17:45, se convirtió en un campo de batalla.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los disparos interrumpen la competencia, generando estampidas humanas y caos entre los asistentes.
Tras la masacre, los atacantes huyeron por la carretera Parral–Jiménez, donde bloquearon el paso con camiones robados e incendiados. Simultáneamente se registraron enfrentamientos en Valle de Allende y en la vía hacia Santa Bárbara, lo que obligó a las autoridades a emitir alertas urgentes y desplegar operativos de contención.
La respuesta institucional fue inmediata pero insuficiente. El gobierno municipal de Parral, junto con fuerzas estatales y federales, activó un operativo en los accesos a la ciudad. Sin embargo, el saldo de muertos, el nivel de impunidad y la ejecución de líderes criminales en público evidencian que el Estado ha sido rebasado.
Chihuahua acumula más de 1,500 homicidios dolosos en lo que va del año, siendo la segunda entidad más violenta del país.
La zona sur, en particular, se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico, donde los grupos criminales se disputan rutas, plazas y lealtades con total impunidad. El ejército y la Guardia Nacional son instituciones ajenas que no hacen nada para garantizar la seguridad de la población.
Lo más grave no es solo el número de muertos, sino el mensaje que se envía: ni los espacios públicos ni los eventos familiares están a salvo.
La población vive entre el miedo y la resignación, mientras los grupos armados imponen su ley.
El sur de Chihuahua, con Parral como epicentro, se ha convertido en un territorio donde el crimen organizado decide quién vive, quién muere y quién gobierna.
