Por Rafael Cano Franco
En México apareció un nuevo fenómeno: criminalizar todo aquello que no sea del agrado, en el sentir y pensar, de quienes gobiernan; aquí le expongo tres casos de como lo que antes era totalmente permitido, y todavía sigue siéndolo, ahora se censura, se persigue y se encarcela.
Caso uno:
La periodista de izquierda Sabina Berman, quien es panegirista del gobierno en turno, y tiene sus espacios en Canal 11 y Canal 14, medios de comunicación que forman parte de los canales de Televisión público; ella abrió micrófonos para entrevistar a Eduardo Verástegui, un actor y político identificado con ideas de derecha y abierto crítico a lo que promueve el gobierno federal.
La entrevista se censuró en los medios estatales, pero la periodista la hizo pública en sus cuentas personales de redes sociales, donde luego la bajó.
De acuerdo con la versión ofrecida para explicar el acto de censura; el órgano de defensa de las audiencias consideró lesivo que el señor Verástegui manifestara su oposición al aborto; también lo acusaron de violentar los derechos de las personas gay al decir que no se podía llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo y que lo correcto sería buscar otra forma de identificar ese acto.
Al señor Eduardo Verástegui y a la periodista Sabina Berman les censuraron la entrevista porque las expresiones personales de él no fueron del agrado de un comité inquisitorial que, bajo el pretexto de defender a la audiencia, les negó la posibilidad de escuchar posturas divergentes y antagónicas a las que el régimen promueve.
Caso dos:
En el puerto de Guaymas, Sonora; tres personas enfermas que trabajaron durante 30 años en el Organismo Operador de Agua, que depende del Gobierno del Estado, realizaron una protesta para que se les restituya su inscripción al IMSS y así tener acceso a servicios de salud.
La protesta era pacífica y bloqueaban el carril de una calle, pero dejaron otro para que la circulación vehicular no fuera fuertemente afectada; a pesar de eso, las autoridades consideraron el evento de alta peligrosidad y por tanto enviaron un convoy de 11 unidades policiacas y más de 20 agentes a retirarlos y detenerlos.
Con un exceso de fuerza pública, los agentes cumplieron la encomienda: esposaron a una mujer que padece cáncer, a un hombre con necrosis en una de sus piernas lo cual le limita su capacidad de movilidad, a otro hombre con parálisis facial, a una mujer que los acompañaba en la protesta de manera solidaria y a un peatón que solamente pasaba por el lugar y no tenía nada que ver con la protesta.
A todos se les llevaron esposados y luego fueron ingresados al Cereso de Guaymas donde pasaron toda una noche.
Este caso, además de injusto porque no existe ningún elemento legal para cometer tal atropello, termina por criminalizar las protestas ciudadanas y deja en claro que a la autoridad le molesta que los ciudadanos se manifiesten exigiéndoles les respeten derechos ganados luego de años de trabajo.
Caso tres:
En el estado de Veracruz, el periodista Rafael “Lafita” León Segovia fue detenido por exponer a las autoridades policiacas, por publicar sus corruptelas y la sociedad que mandos policiacos tienen con grupos criminales; el periodista fue acusado de terrorista y encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Estuvo detenido por casi un mes y luego se le dictó prisión domiciliaria por un año, tiempo que las autoridades consideran podría durar el proceso en su contra.
Si bien del delito de terrorismo fue retirado de la carpeta acusatoria; los otros dos permanecen y con ello lo que se exhibe es que ahora se criminaliza el derecho a la libertad de expresión y se ataca el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos.
Lo que pretendemos demostrar es que el catálogo de delitos se amplió de manera extrajudicial y se aplica a criterio de las autoridades; si alguien expresa opiniones que no van en el sentido que al gobierno le interesa entonces se aplica la censura; si un ciudadano se manifiesta por una injusticia que promueve el estado, entonces a los protestantes se les encarcela y se monta todo un operativo policiaco para detenerlos como si se tratara de los más peligrosos criminales y si un periodista denuncia corrupción, incompetencia, delincuencia organizada donde participan legisladores o autoridades de cualquier nivel, entonces se le encarcela, se le inventan delitos y es sometido al escarnio público.
No se trata de simples casualidades, es más bien un patrón que empieza a convertirse en el parámetro normal de actuación gubernamental; lo grave es que se violentan derechos fundamentales y eso se justifica con argumentos legaloides, acciones arbitrarias o abuso de la fuerza pública.
Permitir que este tipo de situaciones se sigan presentando conlleva dejar que el estado asuma un papel de represor ante cualquier actitud que le incomode o le moleste y en ese punto cualquier ciudadano es potencialmente un ente de riesgo que puede ser encarcelado por protestar, decir o publicar.
