Por: Rubén Iñiguez
En México, el combate a la corrupción ha sido bandera recurrente de prácticamente todos los presidentes. Cada sexenio trae consigo discursos encendidos, promesas de limpieza institucional y narrativas de transformación. Sin embargo, cuando se revisa la historia con frialdad, la pregunta no es quién habló más fuerte, sino quién actuó con mayor contundencia. Porque en política, las palabras pesan, pero los hechos pesan más.
Durante el largo periodo del PRI hegemónico, los gobernadores fueron prácticamente intocables. En los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León no se registraron detenciones de mandatarios estatales en funciones o exgobernadores durante sus administraciones. Hubo señalamientos, investigaciones e incluso escándalos mayúsculos, pero ningún gobernador pisó la cárcel en esos años. La estructura del poder seguía blindada.
El año 2000 marcó una transición histórica. Con la llegada de Vicente Fox se rompió la hegemonía priista y, por primera vez, un exgobernador fue detenido durante un sexenio distinto al suyo: Mario Villanueva Madrid. Aunque el proceso había iniciado antes, fue en 2001 cuando se concretó su arresto. No era panista. No era aliado. Pero el precedente quedó sentado: la cárcel dejó de ser un terreno imposible para un exmandatario estatal.
Con Felipe Calderón Hinojosa se ampliaron las acciones judiciales contra exgobernadores, particularmente de oposición. Pablo Salazar y Narciso Agúndez enfrentaron procesos por presunto peculado. Sin embargo, ningún gobernador panista fue investigado o detenido durante su sexenio. El mensaje era ambiguo: había acción, pero no necesariamente contra los propios.
El punto de inflexión llegó con Enrique Peña Nieto. Su sexenio acumuló el mayor número de gobernadores detenidos en la historia reciente: diez. Y lo más relevante: nueve pertenecían al PRI, su propio partido. Casos emblemáticos como Javier Duarte, Roberto Borge o Tomás Yarrington marcaron una etapa inédita. Por primera vez, la caída de mandatarios estatales no distinguía colores, aunque el costo político para su partido fue altísimo.
Paradójicamente, el discurso anticorrupción más contundente llegó después. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se iniciaron investigaciones federales nuevas contra gobernadores en funciones que derivaran en arrestos. Algunos exmandatarios fueron detenidos en ese periodo, pero sus procesos provenían de investigaciones previas o de fiscalías estatales. En los hechos, ningún gobernador de Morena fue tocado penalmente.
Ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, hasta febrero de 2026 no existen registros de gobernadores detenidos. El tiempo dirá si esa estadística cambia, pero por ahora la cifra es clara: cero. Y en una democracia que presume transformación profunda, los números también forman parte del balance.
Los discursos cambian, las narrativas se ajustan y las simpatías políticas influyen en la percepción pública. Pero los datos son fríos. El presidente con más gobernadores encarcelados en su sexenio fue Enrique Peña Nieto, y la mayoría eran de su propio partido. Esa es la cifra. Lo demás es interpretación. En un país donde la corrupción ha sido estructural, entender los hechos -sin filias ni fobias- es indispensable para exigir coherencia entre el discurso y la realidad. Porque si algo debería ser intocable, no son los gobernadores, sino la verdad.
