El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua Abelardo Valenzuela Holguín, informó que se ejecutó la detención del juez Manuel Jurado, acusado del delito de corrupción por prevaricación agravada, (delito en el que una autoridad, un juez o un funcionario público dicta una resolución injusta o arbitraria a sabiendas de que es contraria a la ley).
La captura fue realizada en la ciudad de Chihuahua por agentes de la Policía de Investigación de la institución, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un órgano jurisdiccional y tras acreditarse que el juzgador acumula más denuncias en su contra.
Durante su intervención, Valenzuela Holguín sostuvo que la orden judicial fue otorgada luego de que se validara la solidez de los argumentos presentados por el Ministerio Público. Explicó que, en audiencias de modificación de medidas cautelares, corresponde únicamente a las partes plantear y controvertir argumentos, sin que el juzgador pueda sustituir esa función para introducir nuevas controversias, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El fiscal fijó una postura institucional ante la ciudadanía al señalar que, si bien la dependencia que encabeza defiende la independencia judicial como pilar de la ley, rechaza categóricamente la corrupción y la impunidad. Aclaró que la fiscalía no revisa el sentido de las sentencias ni interfiere con el criterio jurisdiccional, sino que investiga aquellas conductas donde la función pública se desvía para favorecer intereses particulares e indebidos.
Asimismo, enfatizó que la investidura de un servidor público no puede utilizarse para evadir la justicia, al recordar que la facultad de juzgar es una encomienda constitucional depositada por la sociedad. Finalmente, remarcó que las instituciones del estado aplican la ley sin distinción de jerarquía, abarcando a gobernantes, administradores de recursos, legisladores, particulares y a quienes ejercen la impartición de justicia en la entidad.
Los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación señalan que el hoy imputado, en su calidad de juzgador, habría realizado dolosamente actos ilegales para favorecer a una de las partes dentro de un proceso penal, (que más delante detallaremos), ya que en las próximas horas será presentado ante la autoridad judicial para formularle la imputación.
La Fiscalía Anticorrupción en su etapa de investigación, determinó que la conducta desplegada encuadra en la probable comisión de un delito por hecho de corrupción como lo es el de PREVARICACIÓN AGRAVADA, tipificado en nuestro Código Penal para sancionar a las autoridades que dictan resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos, o bien, cuando un servidor público dicta una resolución a sabiendas de que es injusta o ilegal, o con la finalidad de otorgar ventaja procesal indebida a alguna de las partes en el proceso.
La investigación ministerial, evidenció que, en el caso al que hacemos referencia, el abogado defensor solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin que se tratara de un asunto de carácter urgente, esto, durante el periodo vacacional del Poder Judicial.
