La construcción de la Torre Centinela en Ciudad Juárez continúa avanzando, pero lo hace bajo un creciente escrutinio público debido a los retrasos acumulados, su elevado costo y las preocupaciones sobre el uso de tecnologías de vigilancia que podrían afectar la privacidad de los ciudadanos. Aunque las autoridades estatales aseguran que la obra supera ya el 70 por ciento de avance, el proyecto sigue rodeado de controversias que se intensifican conforme la estructura se acerca a su finalización.
La torre, de 20 pisos y diseñada como el centro de mando de la Plataforma Centinela, ya alcanzó su altura máxima. Actualmente se trabaja en las instalaciones internas: sistemas eléctricos, climatización, áreas de monitoreo, oficinas operativas y un helipuerto que permitirá movilizar personal de seguridad en situaciones de emergencia. Ingenieros responsables han destacado que la estructura utiliza una mezcla de acero y concreto reforzado para mejorar la resistencia y soportar el funcionamiento continuo del sistema de videovigilancia.
Según el Gobierno del Estado, desde este complejo se coordinarán miles de cámaras, arcos lectores de placas, drones y dispositivos de análisis que conforman la red de vigilancia estatal. La plataforma, afirman, permitirá reducir tiempos de reacción y mejorar la capacidad de investigación mediante herramientas de reconocimiento de vehículos y patrones de movilidad. A pesar de ello, organizaciones civiles insisten en que el proyecto avanza sin suficiente rendición de cuentas.
Los principales señalamientos se centran en la falta de transparencia en los contratos firmados con Seguritech, la empresa detrás de la infraestructura tecnológica. El costo global del proyecto ha sido descrito como “millonario”, pero especialistas han cuestionado que no se hayan presentado informes públicos completos sobre precios, alcances y auditorías. Esto ha alimentado sospechas de sobrecostos y decisiones tomadas sin supervisión ciudadana.
También persisten dudas sobre los efectos de la Plataforma Centinela en materia de derechos humanos. Activistas y expertos en privacidad advierten que el sistema podría utilizar reconocimiento facial, análisis predictivo y monitoreo masivo sin marcos regulatorios claros. El riesgo, señalan, es que una herramienta diseñada para combatir la delincuencia termine convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia indiscriminada sobre la población.
A pesar de las críticas, el edificio continúa transformando el perfil urbano del centro de Ciudad Juárez y se mantiene como uno de los proyectos de seguridad más ambiciosos del país. Su conclusión —que originalmente se proyectó para finales de 2025 pero que ahora podría extenderse hasta 2026— marcará un punto clave para la estrategia estatal. No obstante, el verdadero desafío llegará después: garantizar que esta torre, construida en medio de controversias, se convierta realmente en un instrumento eficaz y transparente al servicio de los juarenses.
