En unos días, en Florida entrará en vigor una reforma a la ley de pena de muerte que permitirá que la violación de niños menores de 12 años pueda ser condenada con este castigo. La ley fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 1 de mayo de este año. La medida, que fue aprobada abrumadoramente por la legislatura de Florida en abril con el apoyo de los partidos Republicano y Demócrata, da a los fiscales estatales la opción de solicitar la pena de muerte si un adulto es declarado culpable de la agresión sexual de un niño.
Sin embargo, la ley es inconstitucional. En 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión de 5 a 4 que anuló una ley de Luisiana que permitía que un violador infantil pudiera ser condenado a muerte, prohibiendo a los estados ejecutar a los depredadores sexuales infantiles a menos que también asesinaran a sus víctimas. ‘Creemos que esa decisión fue errónea’, dijo DeSantis. ‘Este proyecto de ley establece un procedimiento para poder desafiar ese precedente y decir que, en Florida, creemos que los peores crímenes merecen el peor de los peores castigos”.
De acuerdo con un reporte del Washington Post, una coalición de trabajadores sociales y abogados defensores apoyó la decisión del tribunal entonces, argumentando que las víctimas de abuso sexual infantil pueden estar menos dispuestas a hablar si su agresor era vulnerable a ser condenado a muerte.
También argumentaron que los violadores de niños estarían más inclinados a matar a sus víctimas si supieran que se enfrentan a la pena capital por sus crímenes, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
La ley entrará en vigor el 1 de octubre. Los jueces tendrían la discreción de imponer la pena de muerte o sentenciar a los acusados a cadena perpetua. Si menos de ocho jurados recomiendan la muerte, los jueces tendrían que imponer cadenas perpetuas.
El proyecto de ley afectaría a lo que se conoce como la fase de sentencia de los casos. Los jurados todavía tendrían que encontrar por unanimidad a los acusados culpables de los crímenes antes de que comience la fase de sentencia.
Para el año 2021, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un total de 27 estados contemplaban este tipo de pena: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. De estos 27, hay tres en los que los gobernadores han declarado una moratoria sobre las ejecuciones, por lo que no se están llevando adelante: California, Oregon y Pensilvania.
Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, todas las ejecuciones se debieron a un mismo delito: homicidio. Y todos los presos que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte están condenados por esta causa, indica el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Cada estado puede determinar qué circunstancias en caso de homicidio se consideran agravantes para que el crimen se pueda castigar con la pena de muerte.
