Los testigos que desfilaron por el tribunal de Brooklyn, donde se juzga al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, dejaron claro que «fue su socio criminal», según dijo la fiscalía al jurado; este tendrá que establecer si el exfuncionario es culpable o no de ayudar al Cártel de Sinaloa, de Joaquín «El Chapo» Guzmán, entre 2001 y 2012.
García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína, y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018.
A cambio de años de sobornos, dicen los fiscales, ayudó a los traficantes del cártel a trasladar de forma segura sus productos a Estados Unidos, evitar el escrutinio de las fuerzas del orden mexicanas y, en ocasiones, llevar a cabo brutales ataques contra sus rivales, reportó el The New York Times.
Este miércoles se llevaron a cabo los alegatos finales de la fiscalía y la defensa, antes de que el jurado pase a deliberar sobre si García Luna es culpable, algo que podría llevarlo a una pena de entre 10 años y cadena perpetua.
Los 26 testigos que convocó la acusación —9 de ellos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, quienes decidieron colaborar con la justicia estadounidense— esbozaron el poder corruptor del dinero de la droga, desde la política hasta las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas, así como personal de puertos y aeropuertos.
«No les pido que les caigan bien, han hecho cosas horribles; son criminales, pero hay que conocerlos», dijo la fiscal Saritha Komatireddy a lo largo de cuatro horas de alegatos finales.
Sin la colaboración al «más alto nivel del gobierno mexicano», la «operación multimillonaria» del cártel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos, puertos o carreteras con destino a Estados Unidos, «hubiera sido imposible de llevar a cabo», recordó la fiscal.
«Fue su socio criminal», subrayó Komatireddy sobre el exjefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) del 2000 al 2006 y secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
«Recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa», del que era «su socio criminal», recordó tras repasar las declaraciones y acusaciones lanzadas en tres semanas de juicio contra el arquitecto de la guerra contra la droga del gobierno de Calderón.
«Hagan uso de su sentido común y declárenlo culpable», les pidió al final a los 12 miembros y 6 asistentes que en los próximos días darán su fallo.
García Luna, ingeniero mecánico de 54 años que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección de las fuerzas de seguridad que dirigía.
Su esposa Cristina Pereyra fue la única testigo de la defensa, y trató de explicar al jurado el origen del patrimonio amasado en México.
La defensa, la última en presentar sus alegatos finales ante el juez instructor Brian Cogan, ha basado su estrategia en minar la credibilidad de unos testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial criminal se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.
El gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario, acusado de supervisar la detención en diciembre de 2005 de la francesa Florence Cassez y de su exnovio Israel Vallarta, una operación denunciada como un montaje.
