Cuatro funcionarios del Banco del Bienestar fueron sancionados por irregularidades en la administración de un contrato relacionado con la construcción y operación de 2 mil 750 sucursales en México. De acuerdo con información de Agencia Reforma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó responsabilidades por operaciones que ocasionaron un daño patrimonial de 380 millones de pesos, por lo que impuso inhabilitaciones de hasta 15 años y ordenó el resarcimiento de recursos.
La resolución afecta a servidores públicos encargados de supervisar y autorizar pagos, aunque la información disponible no precisa si las sanciones ya quedaron firmes ni si el dinero ha sido recuperado.
El caso se originó en un contrato adjudicado en mayo de 2021 a dos empresas para revisar las condiciones físicas de los terrenos e inmuebles donde la Secretaría de la Defensa construía sucursales del banco, como parte del proyecto impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC), iniciada en abril de 2024, encontró que se autorizaron pagos pese a que la empresa contratada no había entregado toda la información exigida.
La investigación también puso de relieve otro problema relacionado con la expansión del Banco del Bienestar: al cierre de 2025, únicamente se contaba con documentación para acreditar la propiedad de 580 de los 2 mil 750 predios ocupados por las sucursales, según el auditor externo de la institución.
El expediente reúne dos asuntos relacionados, pero distintos: las irregularidades en los pagos de un contrato de gestión inmobiliaria y la situación documental de los terrenos donde se instalaron las sucursales.
De acuerdo con Agencia Reforma, el TFJA determinó sanciones contra cuatro servidores públicos que participaron en la supervisión, administración o autorización de operaciones relacionadas con el contrato.
Alberto Medina Zamudio: Exdirector de Recursos Materiales del Banco del Bienestar.
Faustino Ramírez Zenteno: Exsubdirector de Adquisiciones.
Yuliet Luis Reyes: Exgerente de Administración Inmobiliaria.
Nayeli Aguilar Pineda: Gerente de Pagos y Conciliaciones del banco, cargo que ocupaba desde marzo de 2019 y que, según la información disponible, mantenía al menos hasta mayo de 2026.
En el caso de los primeros tres exfuncionarios, el Tribunal impuso inhabilitaciones de hasta 15 años y ordenó resarcir distintas cantidades relacionadas con el daño patrimonial detectado.
Para Nayeli Aguilar Pineda, la resolución estableció la destitución del cargo y una inhabilitación de tres meses, debido a su participación en algunas de las operaciones cuestionadas.
Las sanciones no fueron iguales para los cuatro involucrados. La información publicada tampoco desglosa cuánto deberá resarcir individualmente cada uno de los tres exfuncionarios.
El caso está relacionado con un contrato de hasta 496 millones de pesos, adjudicado en mayo de 2021 al consorcio integrado por Promotora de Infraestructura IMM y Urba Ingeniería.
El servicio contratado consistía en desplegar personal por distintas regiones del país para verificar las condiciones físicas de los inmuebles donde se construían las sucursales del Banco del Bienestar.
Los funcionarios sancionados tenían responsabilidades relacionadas con el seguimiento del contrato y la comprobación de los servicios prestados.
Sin embargo, la auditoría del OIC encontró problemas en la documentación que debía presentar el consorcio.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran:
Información faltante: El consorcio no entregó todos los documentos requeridos sobre cada sucursal.
Documentación incorrecta: Parte de los informes presentados contenía errores o estaba incompleta.
Cambios en los requisitos: Los funcionarios aceptaron modificar las condiciones establecidas originalmente en el contrato.
Pagos autorizados: Se permitió pagar por los servicios pese a los incumplimientos detectados.
Penalizaciones no cobradas: No se aplicaron las sanciones económicas correspondientes por los incumplimientos contractuales.
Estas operaciones fueron la base de las responsabilidades administrativas determinadas por el Tribunal.
Además de las irregularidades contractuales, la información revela dificultades para acreditar documentalmente la propiedad de los inmuebles utilizados por el banco.
Según el auditor externo de la institución, al cierre de 2025 solamente se contaba con documentos para acreditar la propiedad de 580 de los 2 mil 750 predios ocupados por sucursales.
Esto significa que, para los 2 mil 170 predios restantes, no se reportaba documentación suficiente para acreditar su propiedad en ese corte.
La falta de esos documentos no significa, por sí misma, que todos los terrenos sean propiedad de particulares, que estén ocupados ilegalmente o que las sucursales deban cerrar. Lo que señala el reporte es que existían pendientes documentales para acreditar la propiedad de una parte de los inmuebles.
Tampoco se establece que los 380 millones de pesos de daño patrimonial correspondan al valor de esos terrenos. El monto está vinculado con las irregularidades detectadas en el contrato de gestión inmobiliaria.
ElImparcial
