Por Rafael Cano Franco
El Partido Acción Nacional venía proponiendo una iniciativa para que la gasolina Magna no rebasara el tope de los 20 pesos por litro. El mecanismo implicaría reducir los impuestos especiales (IEPS) que se agregan al costo final al consumidor, y con ello, sería el gobierno federal quien sacrificaría ingresos y no los ciudadanos. Pero la mayoría de Morena y aliados se negaron a aceptar la propuesta.
Vino entonces la reacción gubernamental. Según el gobierno federal, la gasolina no debe costar más de 24 pesos, pero existen lugares donde el costo es muy superior. Ante esto, la primera medida fue realizar una acción de desprestigio a las empresas gasolineras que no respetaban el tope, identificándolas a los usuarios con mantas donde se les acusaba de careros.
Pero esa medida fue más anecdótica que efectiva, y por ello, el gobierno federal tomó más en serio el tema y acordó pactar de manera voluntaria los precios de la gasolina Magna en un parámetro de 22 pesos para las terminales de Pemex y de 24 para el resto de las empresas, esto como precio máximo al consumidor final.
En primera instancia, la medida será de aparente beneficio para los consumidores; al final de cuentas, ¿quién se puede molestar por una reducción aparente en el precio del principal combustible para los vehículos y cuyo valor tiene un efecto dominó en todos los bienes y servicios disponibles en el mercado? Yo creo que nadie.
Pero este acuerdo también tiene sus lados oscuros: de entrada, el gobierno no sacrifica sus ingresos obtenidos de impuestos. Además, en la inmensa mayoría de las terminales de Pemex, el precio es superior a los 22 pesos por litro.
Sostener ese precio obligaría a Pemex a generar un subsidio para poder sostener ese precio y se sabe que las condiciones financieras de la paraestatal no están para este tipo de medidas, y esa acción solamente agravará su situación.
El precio de la gasolina está integrado por tres aspectos: el costo per se de la gasolina, que es de un 50 % de su venta al público y que se determina por los precios internacionales; se agrega un 40 % de impuestos y un 10 % de los gastos de operación de las empresas.
La medida tomada por el gobierno no repercute en el precio persé ni en los impuestos; esto impacta directamente en los costos de operación y, derivado de lo anterior, es que algunas empresas no pueden recuperar esos costos, haciendo el negocio inviable.
Lo anterior puede derivar en dos rutas a seguir para continuar dentro del negocio: vender litros que no son litros o adulterar con otros ingredientes, como el agua, la gasolina que se expende.
Lo fácil y correcto era modificar el precio a la baja con la eliminación de una parte del porcentaje fiscal, pero para el gobierno federal eso es sacrificar sus propios ingresos. Optó entonces por una medida demagógica y populista que no le causa dolor y que sí lastimará en el corto plazo al empresario y, en el largo, al propio consumidor.
