Por Rafael Cano Franco
El 24 de noviembre de 2022 el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció unos 500 millones de pesos para aplicarse en el libramiento de Nogales, una rúa concesionada que el Gobierno del Estado había recuperado de manos intocables, según las palabras usadas por el propio mandatario sonorense.
Al día siguiente se creó la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, propiedad de Jaime Aceves, y llevando como socio a Julio Scherer Pareyon, legislador del Partido Verde ecologista de México e hijo de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador.
Para el 30 de noviembre de ese 2022, el Gobierno de Sonora adquirió el 49% de las acciones de Nogamex y para el 05 de febrero de 2023 esa empresa empezó a operar el libramiento con la autorización de Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
A pesar del anuncio que hizo Durazo Montaño de invertir esos 500 millones de pesos al libramiento, no se le aplicó un solo centavo en los pocos más de 2 años que lo tienen, y cómo era lógico, ante tal descuido, el libramiento presenta condiciones deplorables en su carpeta asfáltica.
Pero eso no impide que la empresa de Jaime Aceves, Scherer Pareyón y del Gobierno de Sonora sigan cobrando un peaje. Si bien el libramiento no recibió la inversión anunciada, el negocio estaba en marcha y dejaba jugosas ganancias a sus socios, sin que se tenga conocimiento del destino de la parte correspondiente al Gobierno de Sonora.
Pero resulta que el 19 mayo de 2025 se supo que en la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó una denuncia donde se acusa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de haber entregado y ampliado de forma ilegal la concesión del libramiento por 34 años.
El asunto trascendió y según declaró el pasado martes 08 julio de 2025 el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el caso está en una etapa avanzada y será llevado en un plazo de 3 semanas ante los tribunales.
Lo anterior significa que más allá de si son culpables o inocentes de los eventuales cargos que se les van a formular, la fiscalía General de la República encontró elementos para sustentar la presunta comisión de un delito.
Han pasado 3 años de la recuperación del libramiento de Nogales por parte del Gobierno de Sonora y más de 2 de que fue entregado a la empresa Nogamex, y en ese lapso no se ha invertido ni un peso en su rehabilitación y en lugar de eso, lo que ahora debe enfrentar el Gobierno de Sonora y sus socios es un proceso legal por la forma como eliminó a la empresa que tenía la concesión para en su lugar adjudicársela a los amigos políticos.
Alfonso Durazo no construyó ni uno de los 10 libramientos que anunció por diversas ciudades de Sonora y en el caso del de Nogales, que recuperó, ahora resulta que la FGR dice que tiene elementos para considerar que todo se hizo de manera ilegal.
