El embarazo en niñas o adolescentes sigue siendo un problema latente que afecta su desarrollo, acceso a la educación y salud, así como sus derechos fundamentales.
Y es que los embarazos en adolescentes no siempre son consecuencia de que las niñas y adolescentes comiencen su vida sexual a edades muy tempranas, o incluso, de la poca responsabilidad que pudieran tener en el cuidado de su salud reproductiva; lamentablemente, en nuestro estado existen embarazos producto de la manipulación hacia la menor, y en el peor de los casos, provienen directamente de agresiones sexuales.
El embarazo en las niñas y adolescentes menores de edad, el abuso y la violencia sexual como potencial causa de estos embarazos, constituyen no solo un problema sanitario sino también un problema grave de derechos humanos que conlleva serias consecuencias biológicas, psíquicas y hasta sociales.
Cuando una niña o una adolescente queda embarazada, significa que hemos fallado como garantes de sus derechos, la vida de esa joven cambiará radicalmente, sus oportunidades en muchas ocasiones se reducirán a la par de su crecimiento personal, sus problemas se acentuarán sin perder de vista que la mayoría de esos embarazos provienen de delitos y agresiones de naturaleza sexual.
Posiblemente abandone la escuela para insertarse al mercado laboral que a menudo suele darse en condiciones muy precarias, perpetuando el círculo de la pobreza. Así mismo, su salud e incluso su vida también se verán comprometidas al estar expuestas a diversas complicaciones del embarazo y parto, principal causa de muerte en niñas y adolescentes en la actualidad.
El embarazo en adolescentes también restringe el abanico de posibilidades para su proyecto de vida, sus relaciones sociales y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo personal. Ser madre o padre adolescente suele reforzar una serie de condiciones de vulnerabilidad, asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y la nula adquisición de conocimientos propios de la adolescencia, pero necesarios en la edad adulta.
Adicionalmente, la maternidad y paternidad a edades muy tempranas, suele tener efectos negativos generalmente graves en los hijos e hijas de las y los adolescentes, exponiéndose a condiciones adversas que obstaculizan su crecimiento y desarrollo.
A nivel mundial, cada día 20,000 niñas y adolescentes menores de 18 años de edad dan a luz en países en desarrollo. Esto equivale a 7.3 millones de partos cada año.
En México, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, la tasa de fecundidad para adolescentes de 13 a 19 años de edad se ubicó durante el 2022, en los niveles más altos de dicha región, esto representa, acorde con los objetivos planteados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), todo un reto para el Estado Mexicano poder reducir dicha tasa hasta en un 50% para el año 2030.
Bajo este escenario es necesario hacer una reforma que establezca medidas de protección casi de oficio, en un artículo primero busco que se agregue un párrafo tercero en el Artículo 55, con la finalidad de que se investigue y determine si, en su caso, existe alguna conducta de naturaleza penal en embarazos de menores de 18 años.
Para quedar redactados de la siguiente manera:
En todos los casos que se detecten embarazos de menores de 18 años, los servicios de salud darán vista al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que se investigue y determine si, en su caso, existe alguna conducta de naturaleza penal.
