El Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga y presuntos aliados políticos.
La decisión, calificada como una de las acciones diplomáticas más amplias en años, afectó principalmente a miembros del partido Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Según tres exembajadores estadounidenses, si bien administraciones previas ya habían cancelado visas en casos puntuales, Trump estaría usando la medida como arma política.
“El Gobierno de Trump está encontrando nuevas formas de ejercer presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México.
La medida ha provocado preocupación entre la clase política mexicana, que depende de estos documentos para viajar frecuentemente a territorio estadounidense.
Fuentes consultadas aseguraron que las cancelaciones incluyen a más de 50 políticos de Morena, aunque Reuters no pudo confirmar los nombres.
Entre los pocos que han reconocido públicamente la revocación están la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado, y otros alcaldes morenistas.
Varios funcionarios de Morena han reconocido o sido señalados por la revocación de sus visas bajo el argumento de irregularidades, vínculos políticos o simples procesos administrativos:
Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo Luis Samuel Guerrero fueron informados de la cancelación de sus visas tras ser retenidos en la frontera de Calexico, California. No se han revelado los motivos.
Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, confirmó en video que su visa fue revocada por un “tema administrativo”, aunque medios reportaron que fue retenido en la frontera cuando intentó ingresar a Estados Unidos.
Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, fue sancionada después de publicar mensajes celebrando actos violentos en Los Ángeles. El subsecretario Christopher Landau declaró que quienes promueven la violencia “no son bienvenidos en Estados Unidos”.
Óscar Eduardo Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora, habría perdido su visa junto con su familia al intentar cruzar por San Luis Río Colorado. No ha desmentido el hecho.
Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, negó haber sido detenido tras reportes de su presunta vinculación con un empresario arrestado por narcotráfico, aunque medios locales aseguran que su visa fue retirada.
Carlos Torres, esposo de la gobernadora y militante de Morena, también perdió su visa. Según medios locales, estaría bajo investigación por lavado de dinero y presunto huachicoleo.
Un portavoz del Departamento de Estado sostuvo que las visas “pueden ser revocadas en cualquier momento si se determina que las actividades del titular son contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.
Pese a las tensiones, el funcionario aseguró que Washington mantiene una buena relación con el Gobierno de Sheinbaum, aunque advirtió que las acciones seguirán orientadas a “la agenda de política exterior de Estados Unidos primero”.
Las revocaciones de visas no se limitan a México. En Colombia, el presidente Gustavo Petro perdió su visa tras criticar públicamente a Trump; en Brasil, más de 20 jueces y funcionarios fueron afectados, y en Costa Rica, el expresidente y Nobel de la Paz Óscar Arias fue uno de los sancionados.
El exembajador Christopher Landau, conocido como “El Quitavisas”, ha defendido públicamente la política de negar acceso a personas percibidas como adversarios ideológicos de Trump.
Analistas advierten que la medida podría tensar la cooperación bilateral en seguridad, especialmente cuando Sheinbaum busca mantener un equilibrio entre la colaboración antinarcóticos y la defensa de la soberanía mexicana.
Expertos en política exterior consideran que esta estrategia podría afectar la cooperación bilateral y generar desconfianza entre los gobiernos.
“Podría tener un efecto contraproducente”, dijo el exembajador John Feeley, al advertir que México podría percibir la colaboración con Estados Unidos como un costo político demasiado alto.
Hasta ahora, ni la presidencia mexicana ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido una postura oficial sobre la ola de revocaciones.
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