Kenia encabezará una fuerza multinacional en Haití para combatir la guerra de las pandillas, según el compromiso de su presidente, aunque habitantes de ambos países han cuestionado el plan impulsado por Washington.
El presidente William Ruto habló el miércoles en una ceremonia de establecimiento de relaciones diplomáticas con el país caribeño. El primer ministro haitiano Ariel Henry, que asistió a la ceremonia, había pedido el envío de una fuerza hace año.
“Como la nación que lidera la misión de seguridad respaldada por la ONU en Haití, nos comprometemos a enviar un equipo especializado para evaluar exhaustivamente la situación y formular estrategias eficaces para lograr soluciones a largo plazo”, dijo Ruto.
Las pandillas han dominado a la policía haitiana y, según los expertos, controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe, la capital, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Las escuelas en algunas zonas se han cerrado porque las pandillas enfrentadas violan y matan gente. La violencia ha desplazado a unos 200.000 haitianos, cuyas viviendas han sido incendiadas.
Estados Unidos ha elogiado a Kenia por el solo hecho de postularse para encabezar la fuerza respaldada por Naciones Unidas cuando otros países vacilan, y Washington está elaborando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para autorizarla. No se han anunciado plazos para su presentación y votación. Las Bahamas y Jamaica han ofrecido su apoyo a la fuerza.
Hace varias semanas, Kenia envió un equipo de evaluación a Haití con la idea de instalar 1.000 efectivos policiales. Ni Kenia ni Estados Unidos han respondido a qué obtendría Nairobi a cambio de encabezar esa fuerza, entre otras preguntas.
Hay apenas 10.000 agentes de policía en Haití, un país de más de 11 millones de habitantes.
Algunos kenianos y haitianos han expresado escepticismo acerca de una fuerza multinacional encabezada por la policía keniana, acusada por organizaciones de vigilancia de perpetrar muertes, torturas y otros abusos.
“En el último año hemos presenciado una ola de represión punitiva de protestas, matanzas extrajudiciales, muertes de presos, tortura deliberada de niños, interferencia con las autoridades investigadoras” y otras violaciones, dijo la Unidad Médico-Legal Independiente en un informe este mes.
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