Este lunes se dio a conocer que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez se quitó la vida, luego que se diera a conocer que estaba involucrado en la entrega de dinero a funcionarios de Marina.
Según Reforma, éstos permitían la operación de una red de huachicol fiscal. Se conoció que el hecho ocurrió en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, confirmaron fuentes federales.
Entretanto Semar compartió en las redes sociales el siguiente comunicado.
“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.”
Una compleja red de corrupción dedicada al contrabando de combustible en la aduana de Tampico, Tamaulipas, quedó al descubierto gracias a la confesión de su exdirector, ahora testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
La información fue publicada por los diarios Milenio y Reforma, que detallan un entramado de sobornos millonarios con presunta participación de altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales.
De acuerdo con los reportes, el testigo identificado como “Santo” señaló que la operación era controlada por la organización “Los Primos”, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
La red operó durante casi dos años, permitiendo el atraque de buques con millones de litros de combustible ilegal.
Milenio reveló que por cada barco se pagaba una “cuota” de un millón 750 mil pesos, dinero que se distribuía en sobornos.
Para ocultar la operación, los manifiestos de carga eran alterados y se declaraba que los navíos transportaban “aditivos para aceites lubricantes a granel”.
El diario Reforma identificó al colaborador como el Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025.
Según su testimonio ante la FGR, permitió personalmente el desembarco de 14 buques cargados con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025, recibiendo 24 millones 500 mil pesos en sobornos.
De esos recursos, Torres Joaquín aseguró quedarse con un millón 420 mil pesos por cada embarcación, mientras que solo una fracción era distribuida entre seis subordinados, pese a que el dinero estaba destinado a doce personas.
El intermediario en la entrega era el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “NK”, actualmente prófugo.
Según Milenio, el exdirector de aduana decidió colaborar con las autoridades después de sufrir un presunto secuestro.
“Me siento triste, impotente, avergonzado por no haber actuado antes, fui engatusado y manejado por esa persona“, declaró a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Frente al escándalo, que salpica a familiares del exsecretario de Marina, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el propio almirante Ojeda había advertido hace dos años sobre “problemas” en la institución y pidió investigar a fondo, sin solicitar protección para sus parientes.
ElImparcial
