El naufragio ha tenido lugar a 350 kilómetros de la costa brasileña, en un área con una profundidad de 5.000 metros, todo ello siguiendo competencias de seguridad para evitar posibles pérdidas logísticas, operativas, ambientales y económicas al Estado brasileño, según ha informado la Armada en un comunicado.
Asimismo, el área seleccionada por el hundimiento del portaaviones ha sido seleccionada en base a estudios realizados por el Centro de Hidrografía de la Marina y el Instituto de Estudios del Mar Almirante Paulo Moreira, prestando especial atención a la mitigación de impactos en la salud pública.
La técnica utilizada ha contado con la acción de buzos, quienes han colocado explosivos para perforar el casco y aumentar el flujo de agua hacia el interior del barco hasta hundirlo por completo, ha informado ‘Folha de S.Paulo’.
En tanto, el hundimiento del buque ha sido objeto de discusiones entre los ministros brasileños José Múcio Monteiro (Defensa) y Marina Silva (Medio Ambiente), ya que este último defendía la tesis de la Fiscalía de Brasil, que rechazó forzar el hundimiento apelando al riesgo ambiental.
Los análisis realizados por la ONG Shipbreaking Platform en un portaaviones gemelo a Sao Paulo identificaron 760 toneladas de amianto en el buque. Ante esto, la organización comenzó a cuestionar si, de hecho, el casco enviado por Brasil tendría las aproximadamente diez toneladas de sustancia tóxica previstas en el inventario.
El portaaviones, en un estado tan deteriorado que apenas podía fondear, fue vendido en 2021 por la Armada a un astillero turco especializado en desguace de barcos, pero el Gobierno turco revocó la autorización a la embarcación.
Tras ello, la nave salió de Brasil el 4 de agosto del 2022, en un viaje que generó protestas en todo el mundo y que llevó a Greenpeace a monitorizarlo en tiempo real.
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