—El Dr. Simi salva al sistema de salud en México
—El descardo del Consejo Nacional de Morena
—Los homicidios en México nomás no bajan
A los juarenses con buena memoria todavía les surge la pregunta sobre lo que estaba pensando AMLO cuando, el 28 de diciembre de 2020, ordenó el cierre de algunos Ceferesos, incluyendo el número 9 de Ciudad Juárez. Curiosamente, la decisión coincidió con el Día de los Santos Inocentes, lo que generó más suspicacias.
El Cefereso número 9 operó por apenas nueve años, tiempo en el que albergó a prisioneros notorios como El Chapo Guzmán y El 40. Junto a esta prisión se encuentra el llamado Cereso Productivo, concebido como un modelo de readaptación social, que sigue sin ponerse en marcha.
Ni el gobierno de Enrique Peña Nieto lo concluyó, ni tampoco la administración de López Obrador. Esto lleva a preguntarse: ¿qué pasó con el proyecto? ¿Acaso este periodo, de 2018 a 2024, no fue el sexenio con más muertes violentas y desapariciones forzadas? El gobierno parece haber ignorado estas instalaciones, incluso devolviéndolas al gobierno estatal, pese a que fueron construidas con recursos locales durante el mandato de Patricio Martínez.
Esto trae a la memoria las múltiples polémicas de la administración de López Obrador, como la decisión de demoler el 35% del avance en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que prometía ser un hub intercontinental. Al destruirlo, no solo se malgastaron recursos, sino que se cedió una idea estratégica que otros países, como Panamá, han aprovechado.
Es esencial que tanto la ciudadanía como los gobiernos mantengan una memoria histórica clara y no selectiva, para no olvidar los errores del pasado y evitar que se repitan en el futuro. Solo así se podrá construir un camino más transparente y responsable para las generaciones venideras.
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De acuerdo con cifras del INEGI, el 65 % de las personas en México prefieren acudir a consultas médicas privadas en lugar de utilizar los servicios de salud públicos, financiados mediante cuotas directas de la ciudadanía.
Este panorama se agrava con la desaparición del Seguro Popular y el colapso del Insabi, dejando al IMSS y al ISSSTE sobrecargados y sin capacidad para satisfacer las necesidades de salud de los mexicanos. La situación es alarmante, marcada por el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y la escasez de personal médico.
Ante este contexto, surge una pregunta recurrente entre los derechohabientes: si el gobierno decidió no endeudarse durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo hemos llegado a una deuda pública cercana a los 16 billones de pesos? ¿En qué se han gastado estos recursos?
¿Acaso se emplearon en proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas, ¿el Tren Interoceánico o en la demolición e indemnización del aeropuerto de Texcoco? Estas preguntas subrayan la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
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En el último Consejo Nacional de Morena, y tras la reciente modificación a la ley electoral, el llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación logró un movimiento estratégico que les permitió reforzar su imagen pública.
Por un lado, aparentaron atacar el nepotismo al prohibir la herencia de cargos de elección popular a familiares en primer grado, una medida que quedó establecida en la legislación pero que no entrará en vigor hasta el 2030.
Con esta jugada, también lograron mantener contentos a sus aliados, el PT y el PVEM, al garantizar al Partido Verde el control del estado de San Luis Potosí y asegurar futuros acuerdos con el PT hacia el 2027. Además, este consejo representó un acto de “purificación” pública para Morena, ya que decidieron prohibir el nepotismo dentro de sus propios estatutos a partir del 2027, en un gesto que busca redimir prácticas que han caracterizado su trayectoria política.
Sin embargo, esta estrategia, que da la impresión de ser una carambola de tres bandas bien ejecutada, deja la última palabra a la opinión pública, tanto en el presente como en las fechas clave de 2027 y 2030. ¡El tiempo dirá si este movimiento será percibido como un avance genuino o simplemente como una maniobra calculada!
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El gobierno federal está enfrentando a los criminales con un esfuerzo notable, logrando una reducción en la tasa de homicidios diarios, pasando de cifras cercanas a 100 en abril de 2020 a 67 en abril reciente. Aunque esto representa un avance significativo, sigue siendo un nivel preocupante.
Se propone un objetivo ambicioso de reducir los homicidios a 25 diarios, similar al primer año de la lucha contra el crimen organizado en 2007, lo que marcaría un cambio histórico en la seguridad del país.
Las cifras oficiales de muertes violentas muestran una reducción notable: en septiembre de 2024 se registraron 90 diarias en promedio, mientras que en marzo de 2025 el promedio descendió a 70. Es importante señalar que estas cifras no incluyen feminicidios ni desapariciones, lo cual reduce significativamente el conteo.
Esto pone de manifiesto una estrategia de comparación progresiva de los datos actuales con los de administraciones anteriores. En este contexto, el desempeño del CSP frente al de AMLO, así como el legado del denominado “Bienhechor” de Sheinbaum, queda en una posición desfavorable ante la opinión pública.
