México se ha subido al carro de la política arancelaria de Estados Unidos y aspira a imponer aranceles de hasta 50% a algunas de sus importaciones, lo que implicará fuertes gravámenes a más de 1.400 productos desde automóviles a cosméticos procedentes de China y otros países asiáticos.
El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, explicó el miércoles que esta propuesta se aplicará al 8,6% de las compras al exterior, se hará en apego a las reglas de la Organización Mundial de Comercio y afecta a países con los que México no tiene tratados de libre comercio, palabras con las que parecía querer marcar distancia con la política comercial unilateral que ha impuesto el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso al poder en enero.
La medida mexicana está incluida en la propuesta de presupuestos para 2026, que acaba de iniciar su trámite parlamentario y, previsiblemente, contará con el respaldo del Congreso y el Senado porque el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mayoría en ambas cámaras.
Entre los productos que tendrán gravámenes están los automóviles ligeros, siderurgia, autopartes, textiles, calzado, plásticos, electrónicos, juguetes, muebles, remolques, cosméticos, papel y vidrio.
Estos productos ya tenían un arancel de un 16% de promedio, pero “lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido” por los acuerdos internacionales, señaló Ebrard en un acto de presentación del primer avión hecho en México en casi 70 años.
El funcionario reconoció que China sería uno de los países más afectados, de donde México importó casi 130.000 millones de dólares en 2024, una cifra solo superada por las importaciones desde Estados Unidos. Otros países que se resentirían serían Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia.
Estados Unidos no ha comentado formalmente sobre estas nuevas medidas que van claramente en línea con los postulados comerciales de la administración de Trump de cerrarle el paso a China en la región y que han trastocado la economía internacional.
El anuncio se da justo cuando México se encuentra inmerso en una negociación cada vez más tortuosa con Washington en temas comerciales, de migración y de seguridad para evitar que Trump cumpla su amenaza de aumentar los aranceles ya impuestos y que ahora se sitúan en un 25% para muchos productos.
Llega además cuando está a punto de reabrirse la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. El propio titular de Hacienda, Édgar Amador, reconoció la víspera que estas medidas “se inscriben dentro de la discusión y dentro de las futuras conversaciones comerciales con nuestros socios de América del Norte”.
La presidenta Sheinbaum, que la semana pasada recibió en Ciudad de México al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rehúye hablar de presiones ejercidas desde su vecino del norte y afirma que todos los movimientos de su gobierno están destinados a fomentar la producción nacional y fortalecer la economía mexicana.
El miércoles, indicó que uno de los objetivos de la nueva propuesta, que entraría en vigor un mes después de ser aprobada por el parlamento, es contrarrestar “los efectos que ha podido tener la industria automotriz producto de los aranceles que puso Estados Unidos”.
Este sector supone el 23% de la manufactura nacional y, según el secretario de Economía, se ve afectado por “prácticas contrarias al comercio libre y justo” porque los autos llegan a México por debajo del precio de referencia, algo que se repite en el resto de sectores afectados.
De hecho, Ebrard reconoció que en todas las industrias estratégicas del país hay en torno a 325.000 empleos en riesgo que ahora se podrán proteger. También confió en que, una vez en vigor los aranceles, “haya certidumbre de cuál va a ser el nivel de precio, entonces tengamos más inversión”.
Desde diciembre el gobierno mexicano comenzó a imponer gravámenes temporales a ciertas mercancías, como las textiles, y multiplicó los operativos contra la piratería o los productos asiáticos llegados al país de forma ilegal en línea con los postulados estadounidenses, por lo que, para muchos, las actuales medidas eran previsibles.
A finales de agosto, Guo Jiakun, portavoz del gobierno chino, se mostró muy crítico al ser preguntado al respecto. Dijo que su país “se opone firmemente a las restricciones impuestas a China bajo diversos pretextos y bajo coacción de otros, que perjudican los derechos e intereses legítimos de China”.
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