Durante el mandato de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco el aparato de inteligencia de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no sólo tenía identificado a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como líder de la delincuencia organizada en el estado: decenas de informes confidenciales del Ejército señalan los vínculos criminales de otros altos mandos de seguridad estatal, incluyendo a quien se convertiría en su fiscal general, Nicolás Bautista Ovando.
Dos informes del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) y del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi), fechados en agosto de 2019, señalan que Bautista, entonces vicefiscal de delitos comunes en la fiscalía estatal (encabezada por Jaime Humberto Lastra Bastar, ahora diputado federal de Morena), estaba vinculado con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, también conocido como “Pelón de Playas del Rosario”, uno de los líderes de un grupo criminal proveniente de Los Zetas, que años después se escindiría para volverse La Barredora, grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización se dedicaba al huachicol, al tráfico de migrantes, extorsión, secuestro y tráfico de drogas, entre otros delitos.
En enero 2019 Adán Augusto López Hernández había incluido a Nicolás Bautista Ovando en la terna de tres candidatos que envió al Congreso local para designar a su fiscal general; finalmente los diputados eligieron a Lastra Bastar como fiscal y Bautista asumió la vicefiscalía de delitos comunes. Un año y medio después, Lastra pidió licencia para participar en la elección intermedia de 2021 y Bautista ascendió a encargado de despacho de la fiscalía; en febrero de 2021 Adán Augusto López Hernández lo incluyó de nuevo en la terna para fiscal y el Congreso lo ratificó en el cargo.
Además de Hernán Bermúdez Requena y Nicolás Bautista Ovando, muchos otros mandos de Seguridad de Tabasco estaban identificados por sus vínculos con la organización criminal. Era el caso de Ulises Pinto Madera, número dos de Bermúdez (arrestado el 23 de julio último en Jalisco), según los informes; José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, respectivamente comisionado y director general de la Policía Estatal; y Javier Reyes Palomeque, coordinador general de las Policías Municipales, pero también Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el brazo derecho de Bermúdez, o Rubén Muñoz Rivera, comandante de la policía de Cárdenas.
Todos estos personajes estuvieron activos durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, y muchos permanecieron en su cargos hasta 2024, año en que Tabasco sufrió una explosión de violencia y en el que la gubernatura pasó de Carlos Merino Campos –un incondicional de Adán Augusto López Hernández, quien asumió el interinato en el gobierno cuando López Obrador nombró al tabasqueño en la Secretaría de Gobernación (Segob)– a Javier May Rodríguez, quien, pese a ser militante de Morena, forma parte de un grupo político antagónico al de López Hernández en Tabasco.
Hernán Bermúdez Requena y Leonardo Leyva renunciaron en enero de 2024; el primero huyó de México en febrero de 2025 y es blanco de una ficha roja de Interpol. Javier Reyes fue “congelado” ese año, Nicolás Bautista Ovando renunció el 30 de septiembre de 2024, José del Carmen Castillo renunció a su cargo de inspector en jefe de la Policía Estatal en enero de 2025, y Carlos Tomás Díaz Rodríguez –que informes de inteligencia designan como un enlace de Bermúdez con el grupo criminal– fue detenido en Puebla el 19 de enero último.
Ahora coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández se encuentra en el centro de los cuestionamientos por haber encargado la Seguridad de Tabasco a un presunto líder criminal. Cuando Proceso y otros medios revelaron el involucramiento de Bermúdez con La Barredora, en octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández apagaron el escándalo calificándolo como “chismes” o “fantasías”.
Proceso
