–Hay vacío de autoridad detrás del desorden en antros
-Pululan locales para el “afters” en todo juaritos
–Ciudadanos buscan ponerle fin al negocio con menores
El gobierno del estado arrastra un problema grave en Ciudad Juárez, no ha logrado regular ni poner orden en decenas de negocios que venden alcohol fuera del horario permitido.
A esa falta de control se suma la mano blanda de las autoridades, lo que ha abierto paso a la proliferación de lugares clandestinos en distintos puntos de la ciudad, desde casas particulares hasta bodegas habilitadas como antros para el “after”, donde se vende alcohol y droga sin mayor control y, presuntamente, bajo la protección de las propias autoridades.
La gente ya ha visto cómo en estos lugares siguen ocurriendo hechos violentos sin que nadie les ponga un alto. Uno de los casos más recientes fue el asesinato de un hombre a balazos durante la madrugada del viernes 22 de mayo de 2026, dentro del bar “La Vaca”, también conocido como “La Vaca Loca”, que operaba fuera del horario permitido en la ciudad.
En la representación oficial de la Dirección de Gobernación en Juárez no se han puesto las pilas para meter orden, y tampoco sorprende; esta dependencia lleva ya varios meses acéfala, sin un director que dé la cara y responda por todo lo que está pasando.
Y como dice el dicho, “a río revuelto, ganancia de pescadores”: en medio de todo este desorden, inspectores y elementos de distintas corporaciones —como la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Estatal— aprovechan para hacer su agosto, cobrando cuotas a estos establecimientos y extorsionándolos hasta por partida triple.
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Ante esta situación, ciudadanos y colectivos ya comenzaron a alzar la voz para exigir a las autoridades estatales que de verdad sancionen a los negocios que venden alcohol a menores y que, hasta ahora, han operado con total impunidad.
El problema es que, cuando por fin son detectados, muchos de estos establecimientos simplemente pagan una multa y continúan funcionando, como si se tratara de un gasto más dentro del negocio.
En un intento por frenar esta práctica, ya se impulsa una iniciativa ciudadana que plantea reformas a la Ley de Alcoholes y al Código Penal de Chihuahua.
La propuesta contempla dos medidas concretas: retirar de manera definitiva las licencias a los negocios reincidentes y establecer que este delito se persiga de oficio, para evitar que los casos queden estancados en la Fiscalía.
En Chihuahua, y particularmente en la zona fronteriza, las multas por vender alcohol a menores dejaron de representar un castigo real desde hace tiempo.
Para muchos establecimientos, pagar una sanción administrativa no es más que otro costo de operación, y eso no ha sido suficiente para frenar una realidad alarmante: el consumo de alcohol entre adolescentes comienza desde los 13 años.
Frente a este escenario de impunidad y vacíos legales, desde la sociedad civil surgió una propuesta decidida a modificar las reglas del juego. Se trata de una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Alcoholes y el Código Penal del Estado de Chihuahua, con un objetivo claro: que quienes lucran poniendo en riesgo la salud de los menores pierdan, de manera definitiva, el derecho a seguir operando.
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Los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia dejan ver un problema serio dentro de las instituciones. Mientras la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) pone bajo resguardo a cientos de adolescentes encontrados en fiestas clandestinas cada año, las autoridades estatales apenas clausuran negocios y casi nunca les quitan la licencia de manera definitiva. Y en lo penal, el panorama tampoco cambia: la Fiscalía General del Estado acumula carpetas que terminan en el “no ejercicio de la acción penal”.
Como este delito no se persigue de oficio, la corrupción de menores relacionada con la venta de alcohol termina quedando en el abandono. Al final, los jóvenes siguen expuestos y las familias se quedan solas enfrentando el problema de las adicciones.
La iniciativa, impulsada plantea un endurecimiento legal pocas veces visto en el estado. El documento técnico, que busca llegar al pleno del Congreso local, se enfoca en dos puntos clave:
Clausura definitiva y revocación de licencias. Con una reforma a la Ley de Alcoholes, se propone que vender alcohol a menores sea considerado una falta grave. La idea es que no haya margen para seguir reincidiendo: después de más de dos faltas, la licencia se perdería de manera definitiva.
Persecución de oficio. A través de cambios al Código Penal, la propuesta busca que el Estado esté obligado a investigar y sancionar estos casos sin necesidad de que un padre o madre presente una denuncia formal. Con eso, se cerraría una de las principales puertas a la impunidad.
Más que solo endurecer castigos, la reforma busca empujar un cambio de fondo hacia la prevención y la corresponsabilidad social. La idea de fondo es simple: el bienestar de la niñez y la juventud en Chihuahua no puede seguir pagando las consecuencias de un negocio que deja ganancias a costa de su salud.
