Los conflictos con respecto a Guadalupe Taddei y su presunto actuar en el INE continúan generando olas y polémica en el ámbito político nacional. Ahora es el Partido Acción Nacional (PAN) el que ha dado a conocer que presentará una iniciativa para revertir la reforma de 2024 que otorgó mayores facultades a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de la crisis institucional que enfrenta el organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei.
El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, subrayó que la salida de Taddei no resuelve el problema de fondo y exigió a Morena asumir su responsabilidad política, además de garantizar que continúen las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y contrataciones dentro del instituto.
La propuesta del PAN busca modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para restablecer el mecanismo de designaciones colegiadas, eliminando la facultad de la presidencia del INE para nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin la aprobación del Consejo General. De acuerdo con el partido, este cambio es necesario para devolver el equilibrio y la transparencia en la toma de decisiones administrativas del organismo electoral.
Entre las principales demandas del PAN se encuentra la revisión de contratos, auditorías a proveedores y la separación de funcionarios presuntamente involucrados en irregularidades. Además, el partido ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ha solicitado a la nueva presidenta del INE, Blanca Yassahara Cruz García, que impulse una revisión exhaustiva de los procesos internos.
La reforma aprobada en octubre de 2024 por Morena y sus aliados permitió que la presidencia del INE tuviera la facultad de realizar nombramientos clave sin requerir el aval del Consejo General. Según el PAN, esto generó un exceso de poder en la figura de la presidencia y debilitó el carácter colegiado del organismo, lo que facilitó presuntas prácticas irregulares y conflictos de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei.
El PAN propone que los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas vuelvan a requerir el voto de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General del INE. De esta manera, buscan garantizar que las decisiones administrativas sean tomadas de manera transparente y con el consenso de la mayoría de los consejeros.
La crisis en el INE se agudizó tras la publicación de investigaciones periodísticas que revelaron reuniones privadas entre Guadalupe Taddei y empresarios proveedores del instituto, así como señalamientos sobre la triangulación de recursos y contrataciones a modo. Estas revelaciones motivaron la apertura de una investigación de oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 23 de octubre de 2026.
El PAN sostiene que la renuncia de Taddei no es suficiente para restablecer la confianza en el INE y exige que se mantengan abiertas las investigaciones sobre presunta corrupción, conflictos de interés y manejo irregular de recursos públicos. Además, han solicitado la revisión de todos los contratos firmados durante su gestión y la separación de funcionarios que pudieran estar involucrados en actos indebidos.
Desde el oficialismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que Morena tenga responsabilidad en la crisis del INE y ha pedido que las investigaciones también incluyan la administración de Lorenzo Córdova (2014-2023). Sin embargo, el PAN insiste en que Morena no puede deslindarse de la gestión de Taddei, recordando el respaldo público que recibió de Andrés Manuel López Obrador y los vínculos familiares de la exconsejera con integrantes del partido oficialista.
Jorge Romero Herrera declaró que “la situación en el Instituto Nacional Electoral ya es insostenible” y que el árbitro electoral debe tener legitimidad y orden institucional, condiciones que, según el PAN, se han perdido. Por su parte, la diputada federal Kenia López Rabadán afirmó que la reforma impulsada por Morena otorgó “superpoderes” a la presidencia del INE y que es necesario restituir el carácter colegiado en las decisiones administrativas.
Además de la propuesta de contrarreforma, el PAN ha presentado denuncias ante la FGR y ha solicitado a la nueva presidencia del INE la revisión de contratos, auditorías a proveedores y la separación de funcionarios presuntamente involucrados en irregularidades. El partido también ha pedido que la ASF continúe con la investigación sobre el posible uso indebido de recursos públicos en el INE y en los organismos electorales locales.
El PAN ha reiterado que la independencia y legitimidad del INE son fundamentales para la democracia mexicana y que no permitirán que la crisis institucional quede sin consecuencias. Por ello, exigen que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
De aprobarse la iniciativa del PAN, los nombramientos clave dentro del INE volverían a requerir el voto de la mayoría calificada del Consejo General, lo que limitaría la concentración de poder en la presidencia del organismo. Esto podría fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el instituto, además de restablecer la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
Sin embargo, la aprobación de la contrarreforma dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso y de la disposición de otros partidos para respaldar la propuesta. Mientras tanto, la crisis en el INE y las investigaciones en curso mantienen la atención pública sobre el futuro del organismo y la integridad de los procesos electorales en México.
El debate sobre la estructura y funcionamiento del INE es clave para la estabilidad democrática del país. La transparencia en los nombramientos, la rendición de cuentas y la independencia del organismo son condiciones esenciales para garantizar elecciones libres y justas. La crisis actual y las propuestas de reforma ponen en el centro la necesidad de fortalecer las instituciones electorales y evitar que intereses partidistas comprometan su autonomía.
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