Por José González Cereceres
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos fue publicada en México el 04 de noviembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente, es decir el 05 de noviembre de 2026; esto con la finalidad de lograr una inclusión financiera de la población mexicana, reducir gradualmente el uso de efectivo y fortalecer las transacciones digitales económicas en el país, además que ayudar a la seguridad, a la eficiencia y a la formalización de los negocios al digitalizar sus pagos; según explicación del gobierno federal en turno a través de la presidenta mexicana Claudia Sheimbaum Pardo.
Dicha ley señala en el artículo 13 del Capítulo II, que se le otorga la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que determine los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago. Para esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con 15 días hábiles después de la entrada en vigor de dicha Ley para determinar cuáles serán los sectores estratégicos y esas actividades relevantes que deberán de eliminar de sus transacciones comerciales el uso del efectivo según el artículo tercero transitorio.
En el artículo 15 se indica que en caso de que suceda alguna falla en las conexiones de internet o alguna situación extraordinaria que no permita que el pago de la transacción comercial sea realizado a través de algún medio digital, se podrá pagar con efectivo o cheque, solo que estos sectores estratégicos o actividades relevantes no podrán justificar de manera permanente o recurrente el incumplimiento de la ley en mención, según el artículo 16.
En el artículo 10 se obliga a los tres niveles de gobierno en el país, para que realicen las acciones necesarias, con el objetivo de que sus trámites y servicios sean pagados por la población a través de medios digitales, mientras que para los proveedores de bienes o servicios indica en el artículo 11, que éstos podrán implementar los medios de pagos digitales y electrónicos como se dispone en dicha ley, y las disposiciones que se emitan más adelante.
Y si se pregunta ¿Quienes tendrán que cubrir los gastos que emanen de la implementación y operación de dicha ley?, la respuesta la encuentra en el artículo 12, en el cual se manifiesta que para la implementación de la ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los proveedores de bienes o servicios habilitarán la infraestructura necesaria para la recepción de los pagos digitales y electrónicos, y también promoverán su uso entre los usuarios. Además, deberán de adoptar las medidas necesarias para atender y subsanar las contingencias que impidan que se puedan realizar los pagos por medios digitales; esto es porque el gobierno federal no está presupuestando ningún recurso económico para apoyar a los proveedores y prestadores de servicios.
En el artículo 19 menciona que para el objeto de esta ley, el Banco de México (Banxico) podrá regular los niveles de operación de cuentas de depósito de dinero, implementar programas informáticos que faciliten el uso de las transferencias electrónicas para pagos digitales, emitir disposiciones que establezcan la homologación del uso de aplicaciones de actividades y servicios financieros, y que Banxico junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puedan emitir reglas para que se reciban pagos a través de códigos QR.
Dentro de los beneficios que según el gobierno federal generará esta ley para la población y que han repetido en los medios de comunicación una y otra vez, queriendo permear las supuestas bondades de esta ley, se encuentran los siguientes:
• Inclusión financiera al facilitar que más personas puedan utilizar los medios digitales para el pago de sus transacciones comerciales.
• Agilización en las transacciones comerciales impulsando las transferencias electrónicas y el uso de SPEI y CoDi.
• Mayor identificación y seguimiento de transacciones financieras, contribuyendo a la prevención de fraudes y la detección de posibles operaciones ilícitas.
• Obligar a los tres niveles de gobierno a utilizar los medios digitales de pago, con la intención de facilitar el pago de impuestos, servicios y trámites por parte de la población.
• Facilitar el comercio electrónico, y reducir los costos del traslado de dinero en efectivo, esto cuando se contratan los servicios de compañías de traslado de valores.
Por otro lado, se han generado muchos debates en varios sectores de la sociedad mexicana en donde se analiza el impacto real que podría tener esta ley en las vidas de las y los mexicanos, y desde luego los retos y desafíos que tendrán que enfrentar los proveedores de bienes y prestadores de servicios de nuestro país, así como los usuarios y las propias instituciones de gobierno; entre esas situaciones se encuentran las siguientes:
• La desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad en la que viven millones de mexicanos, los cuales no todos tienen acceso a internet, es el primer gran reto; pues según el INEGI en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) en el 2025 y publicado el 16 de junio de 2026, solo el 86.1% de la población en edad de 6 años o más utiliza internet, por lo que el 13.9% no lo utiliza.
Es importante destacar que del 86.1% de la población que utiliza internet, el 88.9% se encuentra en zonas urbanas, mientras que el 75.2% se ubica en zonas rurales lo cual también es de suma importancia, ya que esto manifiesta claramente que hay una contradicción al buscar una inclusión financiera digital, cuando existen claras brechas tecnológicas en México.
Además de la problemática en la accesibilidad al internet en el país, cabe señalar que no todos los mexicanos cuentan con los conocimientos ni las habilidades sobre el manejo de las tecnologías de la información, ni del manejo de las aplicaciones financieras, no todos tienen cuentas bancarias, ni equipos de cómputo, tabletas, o teléfonos celulares inteligentes que les permitan realizar las transacciones digitales como medio de pago para disfrutar de un bien o un servicio.
• Otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país la facultad para que desde esa institución se puedan determinar cuáles son los sectores estratégicos y las actividades relevantes en las que solo se permitirán pagos digitales y electrónicos y no se podrán realizar pagos en efectivo, puede representar un cheque en blanco para algunos funcionarios de alto nivel, y pudiera resultar contraproducente, no vaya a ser que suceda lo que ocurrió con el INE de Guadalupe Taddei Zavala al otorgarle todas las facultades de decisión y acción como presidenta de esa institución.
• Aunado a esto, aunque en México existen avances en la disponibilidad y confiabilidad del sistema eléctrico; la estabilidad del suministro continúa representando un desafío importante para el país, debido a las interrupciones frecuentes del servicio y las limitaciones de infraestructura de transmisión y distribución y el crecimiento de la demanda energética. Esto deja de manifiesto que la estabilidad de la energía eléctrica no es la mejor del mundo, incluso se destaca que existen regiones del país donde ni siquiera existe el servicio de energía eléctrica, mucho menos la conexión de internet, representando otro gran reto para la correcta implementación de esta ley.
Por otro lado, los riesgos en las transacciones digitales en México son altos, en el campo de la ciberseguridad existen muchos retos en nuestro país, los fraudes electrónicos, el robo de identidad, robo de información financiera, vulnerabilidad en la protección de datos personales, entre otros delitos que se incrementarán sin duda alguna; ligado a esto, también se encuentra el desconocimiento de millones de mexicanos sobre el manejo de las aplicaciones bancarias y tecnológicas.
Cabe destacar que durante el año 2025 en México se registraron 8.1 millones de fraudes financieros por medios digitales, esto según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2026), publicada por el INEGI.
• Algo no menos importante para los proveedores y prestad ores de servicios es el costo que tendrán que cubrir para que sus negocios y establecimientos comerciales puedan cumplir la ley y realizar los cobros por medios digitales y electrónicos al tener que adquirir terminales de pago, tecnologías y servicios informáticos, pagar servicios de conexión a internet, capacitación de personal, pagar a las instituciones bancarias o financieras que les brinden el servicio por el cobro con tarjeta bancarias, lo que sin duda alguna representará una carga para los grandes y pequeños negocios, y una mayor dependencia bancaria.
Y adivinen ¿Quién terminará por pagar estos costos extras de los proveedores y prestadores de servicio?, exactamente, todas y todos los mexicanos.
Como vemos, son varios los puntos que pudieran poner en tela de juicio y en duda, si realmente el objetivo principal de esta Ley es la inclusión financiera como se ha indicado por el gobierno federal; porque queda claro que en México no existe una equidad en la accesibilidad a los servicios tecnológicos y digitales por parte de toda la población, y esta accesibilidad tecnológica sería la base de esta ley y de la inclusión financiera.
También es importante señalar que pareciera que esta Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos vulnera los derechos, la seguridad y la libertad de los mexicanos, pues ya no tendremos la libertad para elegir ni siquiera la forma de pago en la adquisición de bienes y/o servicios, esto con el argumento de la inclusión de la población a los servicios financieros, cuando en base al contexto actual del país se ve claramente la exclusión de millones de mexicanos.
Si además, en el discurso oficial se manifiesta entre otras cosas, que esta ley fortalecerá la detección y prevención de operaciones ilícitas, o evitará que se evada el pago de impuestos; creo que primero se deberían de fortalecer los servicios y accesos tecnológicos para todas y todos los mexicanos, y también se pudiera comenzar por llevar a cabo un combate real al huachicol fiscal, o combatir la corrupción que impera de manera flagrante en varias de las instituciones de nuestro país, entre el combate a otros delitos; pero pareciera que el objetivo real de la creación e implementación de esta ley es otro. Al tiempo.
