El salto histórico del pasivo soberano en las finanzas de la nación. Las finanzas públicas en México registran un nuevo máximo histórico. Al cierre de julio de 2026, el endeudamiento se ubicó en un saldo acumulado de 19.22 billones de pesos, lo que equivale al 51.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Este repunte ocurre entre cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para sostener sus compromisos sin descuidar el gasto social. En julio de 2026, la deuda creció en aproximadamente 174,000 millones de pesos frente a junio del mismo año, cuando el saldo ya había superado por primera vez la barrera de los 19 billones de pesos, situándose en 19.05 billones.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las variaciones responden a las necesidades de financiamiento del sector público para asegurar programas esenciales e infraestructura estratégica. Hacienda proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) cerrará 2026 en 52.3% del PIB, frente al 52.6% registrado al cierre de 2025, lo que sugiere que el saldo actual se mantiene en línea con las metas fiscales.
Para dimensionar esta evolución, un año antes, al cierre de junio de 2025, el SHRFSP se ubicaba en 17.7 billones de pesos. En aquel momento, Hacienda apuntaba que la deuda se mantenía en niveles sostenibles, equivalentes a alrededor del 48% del PIB, atribuyendo su incremento anual a mayores necesidades de financiamiento y a la volatilidad cambiaria que encareció los pasivos externos. Esta comparación evidencia el ritmo sostenido con el que los pasivos públicos aumentaron en un año, pasando del 48% al 51.5% del PIB en julio de 2026, lo que despierta dudas fundamentales sobre las definiciones contables de estos números.
Para entender el estado de la economía de México, es crucial evitar generalizaciones apresuradas. En el debate público es común que circulen cifras que parecen contradecirse, pero que en realidad responden a definiciones económicas distintas. Como señala la analista Delia Paredes Mier, la “deuda pública” en México no se compone de una sola métrica. Hablar de deuda sin especificar la métrica es tan impreciso como evaluar la dimensión de una empresa sin aclarar si se habla de sus ventas anuales, sus activos totales o su valor de mercado.
El indicador clave más utilizado para evaluar la salud fiscal es el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Esta métrica, que en julio de 2026 alcanzó el 51.5% del PIB, no constituye la simple suma bruta de cada uno de los compromisos adquiridos por las dependencias gubernamentales. Se trata de una medida de carácter neto.
La distinción entre deuda neta y bruta no es un tecnicismo, sino un elemento con profundas implicaciones económicas. La deuda bruta suma la totalidad de las obligaciones de un emisor. En contraste, la deuda neta toma ese volumen bruto y le resta los activos financieros disponibles y las disponibilidades líquidas del sector público.
Por ejemplo, si dos gobiernos deben 100 pesos. El primero carece de activos, por lo que su deuda neta se mantiene en 100 pesos. El segundo posee activos por 20 pesos. Aunque su deuda bruta es idéntica (100 pesos), la deuda neta del segundo gobierno es de 80 pesos, lo que demuestra un mayor cojín de liquidez que amortigua su exposición a choques macroeconómicos.
No obstante, ninguna de las dos métricas debe descartarse. La deuda bruta permite medir de manera exacta el volumen de recursos que el gobierno tendrá que pagar o refinanciar, así como cuantificar la sensibilidad ante tasas de interés o tipo de cambio. Por otro lado, la deuda neta permite observar la posición de forma estructural, aunque muchos activos deducidos no gozan de liquidez inmediata o están de sujetos a restricciones de uso. Al analizar el récord de 19.22 billones de pesos, es vital comprender que la deuda neta del gobierno federal (excluyendo otras entidades del sector público) representa el 48.3% del PIB, lo que resalta la solidez contable bajo la cual está estructurado el balance nacional.
La evolución del pasivo récord en México ocurre de manera paralela a un esfuerzo notable por parte del Estado para fortalecer sus ingresos presupuestarios. De acuerdo con las cifras de Hacienda del periodo acumulado entre enero y julio de 2026, los ingresos presupuestarios crecieron por tercer año consecutivo, impulsados por la recaudación interna y los ingresos petroleros.
La recaudación del IVA fue uno de los motores principales de la tesorería pública, registrando un incremento del 9.9% real anual en los primeros siete meses en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, la recaudación del IEPS en su componente distinto de combustibles creció un 9.3% real anual. El cobro de aranceles a las importaciones avanzó un 8.1% real anual, mientras que los ingresos obtenidos por la actividad petrolera registraron un aumento del 10.7% real anual en términos acumulados.
A pesar de este panorama favorable, las finanzas públicas se toparon con un obstáculo en su principal instrumento recaudador: el Impuesto sobre la Renta (ISR). La captación de ISR acumuló una disminución del 6% real anual en el periodo analizado. Hacienda detalló que este descenso se originó debido a una menor recaudación de pagos provenientes de personas morales (empresas), una caída que sin embargo fue parcialmente amortiguada por el buen dinamismo de los ingresos asociados a sueldos y salarios.
Esta disparidad ilustra la paradoja fiscal de México: mientras las fuentes internas ligadas al consumo crecen con fuerza, la contracción en la captación corporativa del ISR y las rigideces del gasto restringen el margen disponible. Este fenómeno subraya por qué, a pesar de que el balance primario de julio registró un superávit de 13,000 millones de pesos y el déficit presupuestario general se situó 268,000 millones de pesos por debajo de lo originalmente calendarizado, la deuda neta total continúa mostrando una tendencia inercial de crecimiento nominal.
Ante un volumen de deuda pública sin precedentes históricos, la Secretaría de Hacienda ha puesto en marcha un esquema activo de manejo de pasivos y refinanciamiento orientado a disipar cualquier riesgo de liquidez a corto plazo. El objetivo central de estas maniobras no es reducir el saldo neto de la deuda, sino reestructurar los plazos de amortización para trasladarlos hacia el mediano y largo plazo, reduciendo drásticamente las presiones de los próximos años.
Durante el mes de julio de 2026, el gobierno federal ejecutó una importante transacción de refinanciamiento en el mercado interno de deuda por un monto de 183,000 millones de pesos. Hacienda llevó a cabo la recompra anticipada de diversos títulos locales con vencimientos programados entre 2026 y 2035, entre los que se incluían Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos. Estos papeles fueron sustituidos por nuevos instrumentos de deuda cuyas fechas de vencimiento final se ubican entre 2027 y 2057. Esta operación permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 3.64 años, disminuyendo las necesidades de amortización inmediata en pesos.
La estrategia defensiva no se limitó al ámbito nacional [26]. En el mercado financiero internacional, la administración federal concluyó el 29 de julio de 2026 una recompra anticipada de papel extranjero, enfocada en tres bonos soberanos emitidos en dólares (con vencimientos en 2027 and 2028) y uno denominado en euros (con vencimiento para 2029). El valor conjunto de esta transacción externa ascendió a 5,900 millones de dólares.
Los resultados de esta gestión de pasivos fueron favorables para la sostenibilidad del presupuesto público. Al completarse la recompra de estos bonos internacionales, el gobierno de México eliminó en su totalidad las amortizaciones de deuda externa en dólares que estaban previstas para el periodo de 2027 y 2028. Paralelamente, la operación logró reducir en un 30% los vencimientos de deuda pactados en euros para el año 2029. En resumen, estas acciones coordinadas permitieron disminuir en un notable 37% los requerimientos de amortización de deuda externa previstos para los siguientes tres años, blindando la posición financiera exterior del país frente a posibles de turbulencia en los mercados internacionales.
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