La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua denunció este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó atraer de manera indebida la carpeta de investigación 3050/2024, en la que se acusa al exgobernador Javier C. J., al exsecretario de Hacienda Arturo F. V. y al empresario J. L. P. por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal mediante la contratación irregular de un despacho privado para la reestructuración de la deuda pública.
El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que el pasado 13 de octubre el juez federal Ricardo Antonio Alcoverde Martínez celebró una audiencia en la que determinó aceptar la competencia federal del caso, sin que fueran citadas la Secretaría de Hacienda, reconocida como víctima, ni la Fiscalía Anticorrupción como autoridad investigadora. Calificó la actuación como una maniobra “burda y furtiva” promovida, presuntamente, a instancias de la defensa del exmandatario.
De acuerdo con Valenzuela, la audiencia se realizó sin que existiera un acuerdo formal de atracción emitido por el fiscal general de la República, tal como exige la ley. Además, subrayó que la FGR no cuenta con legitimidad ni fundamento jurídico para asumir la investigación, pues no se trata de un delito federal ni hay denuncia de órganos facultados como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Auditoría Superior de la Federación.
Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda del Estado promovió un amparo indirecto, argumentando violación a su derecho de audiencia y a la garantía de acceso a la justicia. Dicho recurso derivó primero en la suspensión provisional y, posteriormente, en la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Décimo de Distrito, el cual determinó que no existía causa legal que justificara la atracción federal.
El fiscal destacó que los recursos presuntamente desviados corresponden a participaciones federales ministradas al Gobierno de Chihuahua, las cuales adquieren naturaleza estatal y de libre disposición una vez entregadas, según lo establece la Ley de Coordinación Fiscal y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, enfatizó, la competencia en este caso es exclusivamente local.
Asimismo, informó que el juez de control del Distrito Judicial Morelos promovió un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del 17º Circuito del Poder Judicial Federal, debido a que tanto el juez local como el federal reclaman jurisdicción sobre los mismos hechos. El juez estatal sostuvo que los actos investigados ocurrieron en Chihuahua y afectan bienes jurídicos del patrimonio estatal, por lo que corresponde al fuero común conocer del caso.
Valenzuela reiteró que la Fiscalía Anticorrupción actuó con apego a derecho al judicializar la carpeta y obtener en 2024 las órdenes de aprehensión correspondientes, antes de que el exgobernador adquiriera fuero constitucional como senador. “No se trata de un pleito político, sino de un ejercicio legítimo de autonomía y de respeto al pacto federal”, sostuvo.
El fiscal aseguró que la institución “no permitirá que este caso abandone la esfera estatal ni que se vulnere la justicia en Chihuahua”. Agregó que continuarán las acciones para lograr que los 98.6 millones de pesos desviados sean restituidos al erario.
