Un Tribunal Supremo dividido parece inclinarse mayoritariamente por respaldar los requisitos que impuso el Gobierno de Joe Biden para la venta de armas por piezas, habitualmente por internet, para la fabricación doméstica. Se conocen como armas fantasma porque escapan a los requisitos de registro, identificación y control de antecedentes con que se venden normalmente las armas de fuego, de modo que resultaban muy difíciles de rastrear.
Un tribunal inferior sentenció que el Gobierno federal se había excedido de sus competencias con esa regulación, pero el Supremo suspendió esa decisión por una mayoría de cinco votos a cuatro que parece mantenerse, a tenor de la vista oral celebrada este martes en el Tribunal.
El Supremo tiene un predominio conservador de seis jueces a tres, pero dos de los miembros de esa mayoría ―el presidente del Supremo, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett― apoyaron mantener cautelarmente la regulación hasta que se tome una decisión sobre el fondo, que llegará en los próximos meses.
Se da por hecho que las tres juezas progresistas, más restrictivas en lo relativo a las armas, apoyarán la regulación y tanto Roberts como Cohen Barrett han dejado ver su escepticismo frente a las posiciones de quienes abogan por la comercialización sin restricciones de esas armas fantasma.
La regulación exige a los fabricantes y vendedores de armas por kits de piezas o de plantillas que tengan licencia para venderlas, impone que los productos lleven un número de serie que permita rastrearlos y obliga a que los posibles compradores pasen una comprobación de antecedentes, entre otros requisitos.
Nadie discute el derecho a que esas armas se comercialicen o se posean y, en ese sentido, no se trata de un caso sobre el alcance de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho a llevar y portar armas, y que se ha abordado en anteriores sentencias. Lo que se discute es si la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos se extralimitó en sus competencias al promulgar la norma al considerar a dichas piezas como armas de fuego o si es el Congreso el que debe aprobar las restricciones.
La ley de Control de Armas de 1968 delegó en el Gobierno la facultad de establecer los requisitos de comercialización. Ese poder abarca a los artefactos que “pueden transformarse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo” y al “armazón o el receptor de cualquier arma de este tipo”. Parte de la discusión, por ello, ha girado sobre la facilidad o dificultad para construir un arma a partir de esas piezas.
“La Ley de Control de Armas impone requisitos sencillos, pero esenciales”, ha argumentado la abogada del Estado, Elizabeth Prelogar. “Los vendedores y fabricantes de armas de fuego deben marcar sus productos con números de serie, mantener registros de ventas y realizar comprobaciones de antecedentes.
La industria ha seguido esas condiciones sin dificultad durante más de medio siglo, y esos requisitos básicos son cruciales para resolver los delitos con armas de fuego y mantener las armas fuera del alcance de menores, delincuentes y maltratadores domésticos”, ha continuado.
“Pero, en los últimos años, empresas como las aquí demandadas han intentado eludir esos requisitos. Han empezado a vender armas de fuego como kits fáciles de montar y armazones y receptores que requieren un trabajo mínimo para ser funcionales. Han publicitado los productos, en sus propias palabras, como ‘ridículamente fáciles de montar y a prueba de tontos’ y han promocionado que se puede pasar de abrir el correo a tener un arma completamente funcional en tan solo 15 minutos, sin necesidad de número de serie, comprobación de antecedentes o registros.
Estas armas imposibles de rastrear resultan atractivas para quienes no pueden adquirirlas legalmente o planean utilizarlas para cometer delitos. Como resultado, nuestro país ha visto una explosión de delitos cometidos con armas fantasma”, ha asegurado.
En su opinión, dejar al margen de los requisitos a las armas de autoensamblaje “contradice el texto llano de la ley, y también contradice el sentido común. Este tribunal debería dejar claro que la ley regula estos productos como lo que son, armas de fuego y armazones y receptores de armas de fuego”, ha concluido su alegato inicial.
Por su parte, los contrarios a la norma argumentan que la mayoría de las personas que cometen delitos utilizan armas tradicionales y que los kits pueden ser difíciles de montar.
“El Congreso, en la Ley de Control de Armas, no pretendía llevar a la enésima potencia sus propósitos de controlar el acceso a las armas de fuego”, ha dicho el abogado Peter Patterson, representante de fabricantes, grupos de defensa de los derechos de las armas y personas que poseen piezas de armas de fuego. Patterson ha indicado también que el Congreso no reguló el mercado de armas de fuego de segunda mano, y “ese mercado secundario es una fuente mucho mayor de armas de fuego para criminales que las armas de fuego de fabricación casera.
En la discusión posterior, el juez ultraconservador Samuel Alito se ha dirigido a la representante del Gobierno de Biden para poner en cuestión que las piezas sean un arma. “Aquí hay un bloc en blanco, y aquí hay un bolígrafo, ¿de acuerdo? ¿Esto es una lista de la compra?”, le ha dicho. “No creo que eso sea una lista de la compra, pero la razón es que hay un montón de cosas para las que podrías utilizar esos productos para crear algo más que una lista de la compra”, ha contestado.
Alito ha replicado cn otro ejemplo: señalando que los huevos, los pimientos y el jamón no son necesariamente una tortilla del Oeste. Prelogar ha insistido en que se pueden hacer muchas cosas con esos ingredientes además de una tortilla. La jueza Barrett ha terciado señalando que los kits de armas se parecen más a los paquetes de comida pedidos por Internet que contienen todo lo necesario para preparar una cena específica, “como chili de pavo”, señalando con eso su incinación a considerarlas un arma.
El presidente del Tribunal Supremo, por su parte, Roberts, por su parte, ha mostrado su escepticismo ante los defensores de la falta de regulación que presentaban los kits como una cuestión de bricolaje, como quienes se dedican a tunear su coche el fin de semana. Muchos kits de armas fantasma solo requieren taladrar unos cuantos agujeros y retirar unas pestañas de plástico. “Según tengo entendido, no es terriblemente difícil que alguien lo haga y ciertamente no es terriblemente difícil retirar la pieza de plástico”, ha dicho. “Taladrar uno o dos agujeros, creo, no da el mismo tipo de recompensa que obtienes trabajando en tu coche el fin de semana”.
ElPais
