Por Orlando Radilla
A lo largo de los años se ha instalado una falsa premisa en el imaginario colectivo, la idea de que para administrar en el ámbito público solo basta con tener una buena voluntad, la sensibilidad política o la intuición. Sin embargo, los grandes problemas de nuestra ciudad y de nuestro país está desde la deficiencia en los servicios básicos hasta la ineficiencia presupuestal además se demuestra a diario que la gestión del Estado no se debe de improvisar por tanto gestionar lo público exige técnica, método y, sobre todo, una sólida base académica.
Hoy nos encontramos ante una paradoja preocupante, mientras la ciudadanía exige instituciones más eficientes, transparentes y profesionales, vemos con inquietud la pérdida de espacio y el desinterés de los jóvenes por matricularse en carreras como en Administración Pública, pareciera que hemos olvidado que las decisiones que transforman a una sociedad no surgen del empirismo, sino de la formación rigurosa.
Haber transitado por las aulas universitarias estudiando la Licenciatura en Administración Pública, y posteriormente ejercer desde la docencia y el servicio público, me ha permitido constatar una certeza que gobernar es ejercer responsabilidades públicas requiere ciencia, técnica y un profundo sentido institucional, no se trata solo de ejecutar trámites, se trata de dominar el diseño de políticas públicas, entender la lógica del presupuesto por resultados, apegarse al derecho administrativo, gestionar crisis y actuar bajo un marco ético orientado siempre al bien común.
Quien entra al sector público sin esta preparación básica se enfrenta a una curva de aprendizaje costosa que pagan, en última instancia, los ciudadanos, el aprender “sobre la marcha” en la función pública no es un mérito como algunas personas lo piensan, es un riesgo social. La improvisación cuesta recursos, genera ineficiencia y disminuye la confianza en las instituciones.
Por ello, este es un llamado urgente en dos direcciones:
En primer lugar, a las nuevas generaciones que buscan una vocación con impacto real, la licenciatura en Administración Pública no es una carrera burocrática del pasado, es una de las herramientas más potente que tiene la juventud para incidir de manera directa en la transformación de su entorno. El diseñar movilidad sostenible o garantizar la seguridad ciudadana requiere profesionales jóvenes con visión técnica y compromiso social.
En segundo lugar, a las y los servidores públicos que ya se encuentran en la primera línea de batalla institucional. La profesionalización constante no es un adorno curricular, sino una responsabilidad ética con la ciudadanía, la vocación de servicio alcanza su máximo potencial cuando se respalda con el conocimiento académico.
Aunado a lo anterior, es imprescindible que los gobiernos en sus tres niveles asuman el compromiso institucional de fortalecer y priorizar el Servicio Profesional de Carrera, no basta con formar administradores públicos capacitados en las aulas universitarias si, al momento de ingresar a las dependencias, se enfrentan a estructuras dominadas por la discrecionalidad, el compadrazgo, el favoritismo o la rotación constante por criterios políticos.
Profesionalizar la administración pública implica garantizar mecanismos transparentes de ingreso, evaluación continua y estabilidad laboral basados en el mérito, la capacidad técnica y la experiencia, la formación académica debe ser un componente fundamental, pero no el único criterio para determinar quién está preparado para asumir una responsabilidad pública. A ella deben sumarse la experiencia, las competencias profesionales, la ética y, sobre todo, una verdadera vocación de servicio, solo mediante esta combinación podremos consolidar instituciones sólidas que trasciendan los periodos de gobierno y garanticen una verdadera continuidad en el desarrollo social.
