El Gobierno israelí ha anunciado este martes que, a partir de enero, impedirá operar en Gaza y Cisjordania a 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), Oxfam y ActionAid. Lo ha anunciado el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, un día antes de concluir el plazo que tenían para completar un nuevo y controvertido registro que, por ejemplo, exigía que cada organización y empleado reconociese a Israel como Estado judío y democrático y no defendiese llevar a sus militares ante tribunales internacionales. También les exigía proveer numerosos datos de sus empleados palestinos. El Ministerio ha señalado en concreto a MSF, organización a la que acusa, sin haber presentado pruebas fehacientes, de tener contratados gazatíes que “estuvieron involucrados en actividades terroristas”.
El asunto sobrevolaba desde hace meses. Las autoridades israelíes prorrogaron, de hecho, la fecha tope de entrega: de septiembre a este miércoles 31 de diciembre, con las ONG tratando de negociar los términos en medio de una hambruna inducida en torno a Gaza. Ha sido levantada este mes, al mejorar levemente la situación, si bien Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria, incluso por debajo del compromiso que adquirió en el alto el fuego de octubre.
Entre los motivos más polémicos de denegación que figuran en el registro obligatorio está una “base razonable para asumir” que, de forma total o parcial, una de las ONG o de sus empleados “niega la existencia del Estado de Israel como Estado judío o democrático” o “apoya la lucha armada de un Estado enemigo u organización terrorista contra el Estado de Israel”. También que sus “actividades primordiales no van dirigidas a los residentes palestinos para promover su bienestar”. O que alguno de sus socios, jefes de oficina o miembros del consejo de administración han pedido el boicot de Israel, promovido campañas de deslegitimación contra Israel o apoyado llevar a las fuerzas de seguridad israelíes ante la justicia internacional.
El Ministerio de la Diáspora acusa en concreto a MSF de contar con “personas afiliadas” que estaban vinculadas a organizaciones armadas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”, según ha averiguado Israel en “revisiones de seguridad”.
La ONG ha respondido en un comunicado que aún no ha recibido ninguna notificación sobre la retirada de la licencia, pese a que supondría “privar de asistencia médica vital a cientos de miles de personas” en Gaza y retirar su personal extranjero en 60 días. El ministerio exige su salida de Gaza y Cisjordania antes del 1 de marzo de 2026.
Asimismo, señala que “se toma muy en serio las acusaciones de que su personal está vinculado a grupos armados” y que “nunca contrataría a sabiendas a personas que participaran en actividades militares”, pero critica “hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas”, porque “pone en peligro al personal humanitario y socava la labor médica que salva vidas”.
El anuncio se produce el mismo día en que 10 países occidentales han denunciado en un comunicado conjunto la “catastrófica” situación humanitaria en Gaza y pedido a Israel que permita las operaciones en la Franja de las ONG y de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés), a la que viene vetando y demonizando. Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido han expresado su “grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza”.
ElPaís
