El reciente fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha generado una fuerte reacción del gobierno de México.
Este incidente ocurrió el 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el estado de Luisiana. Con este caso, el número de mexicanos muertos en centros de detención migratoria asciende a 15 desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025.
La administración de Claudia Sheinbaum ha calificado la situación como “inaceptable”. En respuesta, el gobierno mexicano ha anunciado que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta acción busca presionar a las autoridades estadounidenses para que se realicen investigaciones exhaustivas sobre las condiciones en los centros de detención y se tomen medidas para prevenir futuras tragedias.
Las autoridades consulares mexicanas están en constante comunicación con sus homólogos estadounidenses para obtener información detallada sobre la causa de muerte y las circunstancias previas al fallecimiento del ciudadano mexicano.
El objetivo es esclarecer plenamente los hechos y garantizar que se respeten los derechos humanos de los detenidos en estos centros.
En un comunicado, la cancillería mexicana destacó las “deficiencias graves” en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.
Estas deficiencias son “incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas”.
La situación es preocupante, ya que el año pasado murieron al menos 30 personas en estos centros, el mayor número desde 2004.
El aumento en el número de muertes de migrantes mexicanos se da en el contexto de la política antimigratoria implementada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Estas políticas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros por su dureza y falta de consideración hacia los derechos de los migrantes.
El gobierno de México espera que la intervención de la CIDH y la presión internacional obliguen a Estados Unidos a revisar y mejorar las condiciones en sus centros de detención.
Además, se busca que se implementen medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de los migrantes detenidos, evitando así más muertes innecesarias.
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