AP-Ciudad de Guatemala. Una sala de apelaciones de Guatemala suspendió este jueves el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años, acusado del exterminio de indígenas durante la guerra civil (1960-1996), a tan solo días de que se dictara sentencia.
La decisión fue tomada por unanimidad tras aceptar un recurso de recusación presentado por la defensa, que acusó al tribunal que llevaba el caso de parcialidad. Ahora, el juicio deberá reiniciarse desde cero en otro tribunal, lo que ha generado fuertes críticas de organizaciones querellantes y de representantes de las víctimas.
La fiscalía había solicitado una condena de 2 mil 860 años de prisión para Lucas García por su presunta participación en la masacre de más de mil 200 indígenas entre 1978 y 1982, cuando su hermano, Romeo Lucas García, era presidente. Durante el juicio, iniciado en abril, se presentaron testimonios de sobrevivientes, documentos militares y pruebas forenses.
Impunidad y retroceso
Jovita Tzul, abogada y representante de familiares de las víctimas, calificó la resolución como un acto de «impunidad» que vulnera los derechos de las víctimas y testigos. “Es lamentable que nuevamente estemos ante un clima de regresión y de impunidad dentro del sistema de justicia guatemalteco”, declaró.
Francisco Vivar, otro de los querellantes, expresó que aún quedan recursos legales por explorar. Sin embargo, advirtió que, de mantenerse la resolución, todo el proceso deberá empezar de nuevo, prolongando aún más la espera de justicia para las víctimas.
El juicio contra Lucas García es considerado uno de los más importantes en el país por los crímenes cometidos contra comunidades indígenas durante la guerra civil, un conflicto que dejó alrededor de 200 mil muertos y desaparecidos, según un informe auspiciado por la ONU.
Antecedentes de violencia y justicia
El general retirado no es ajeno a los tribunales. En 2018, fue condenado a 58 años de prisión por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana, acusados de ser «subversivos». Actualmente cumple esa sentencia en un hospital militar.
Además, el pasado 6 de noviembre, junto a otros siete militares, fue beneficiado por otra sala de apelaciones que suspendió un juicio relacionado con el hallazgo de más de 500 osamentas.
En un precedente histórico, en 2013, el exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio, aunque esa sentencia fue anulada posteriormente. Estos casos reflejan el complejo panorama de la justicia en Guatemala, donde las víctimas continúan luchando por el reconocimiento y la reparación de los crímenes del pasado.
Mientras tanto, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) anunció que apelará la suspensión del juicio contra Lucas García y, de ser necesario, llevará el caso ante la Corte de Constitucionalidad. «La búsqueda de justicia no se detendrá», subrayó Tzul.
