Más de 100 funcionarios públicos han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado durante la actual administración federal, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al presentar un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el funcionario, son 111 servidores públicos detenidos, entre quienes se encuentran presidentes municipales de diferentes estados. Las capturas forman parte de las acciones emprendidas contra redes de protección institucional a organizaciones criminales, entre ellas las relacionadas con el Operativo Enjambre, mediante el cual las autoridades han realizado investigaciones contra servidores públicos presuntamente relacionados con actividades delictivas.
Al presentar los resultados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, García Harfuch informó que las autoridades han detenido a 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto, cifra que el Gobierno federal colocó como uno de los principales resultados de su estrategia contra la violencia.
“Son personas que ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población”, afirmó en Palacio Nacional.
Dentro de estas acciones también se encuentran los 111 funcionarios públicos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Sobre estos casos, el secretario sostuvo que la instrucción de la presidenta Claudia
Sheinbaum ha sido “de cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona”.
El objetivo, según explicó, es evitar que integrantes de las instituciones gubernamentales puedan utilizar sus cargos para favorecer a organizaciones delictivas o brindar protección a sus integrantes, independientemente del puesto que ocupen o del partido político al que pertenezcan.
El balance presentado por el titular de la SSPC también contempla 34 mil 353 armas de fuego aseguradas desde octubre de 2024. Según García Harfuch, alrededor del 80 por ciento proceden de Estados Unidos, por lo que destacó la importancia de retirar este armamento de circulación para disminuir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
“Cada arma asegurada reduce la capacidad de fuego de los grupos criminales y disminuye el riesgo de que fueran utilizadas en agresiones contra la población y contra las autoridades”.
Las acciones contra el narcotráfico también dejaron importantes aseguramientos. En operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina se han decomisado 88 toneladas de cocaína, entre ellas un operativo frente a las costas de Michoacán en el que fueron aseguradas más de ocho toneladas, identificado por las autoridades como el mayor decomiso de esta droga en la historia de la institución.
Las cifras forman parte de las operaciones realizadas de manera conjunta por las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad, con el objetivo de reducir tanto la capacidad financiera como logística y armada de las organizaciones criminales.
Otro de los delitos en los que las autoridades han concentrado esfuerzos es la extorsión, debido a su impacto directo en comerciantes, transportistas, productores, prestadores de servicios y familias de diferentes regiones del país.
García Harfuch recordó que desde el comienzo de la administración el combate contra este delito fue establecido como una prioridad “porque afecta directamente el patrimonio, la tranquilidad y el trabajo de las familias, particularmente de comerciantes, transportistas, productores y prestadores de servicios”.
Como parte de esta estrategia, el 6 de julio de 2025 comenzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Además, el Gobierno impulsó cambios legales para homologar el tipo penal en todo el país y establecer que este delito “debe investigarse y perseguirse de oficio”.
El cambio implica, según explicó el secretario, que “la responsabilidad de iniciar y sostener la investigación ya no recae únicamente en la víctima, sino en las instituciones del Estado”.
La estrategia contra este delito contempla cinco grandes ejes: generar detenciones mediante trabajos de inteligencia e investigación, fortalecer las unidades antiextorsión estatales, establecer protocolos especializados para atender a las víctimas, capacitar a operadores de la línea 089 en negociación y manejo de crisis, y desarrollar campañas nacionales de prevención.
A estas acciones se suman investigaciones financieras para identificar y cancelar cuentas utilizadas para recibir dinero producto de extorsiones, la suspensión de líneas telefónicas relacionadas con este delito y diferentes operativos dentro de centros penitenciarios en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades del sistema penitenciario.
García Harfuch señaló que entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 2 mil personas por extorsión en 29 entidades federativas, como resultado de las operaciones realizadas desde la puesta en marcha de la estrategia.
Durante su presentación, García Harfuch aseguró que uno de los elementos que distinguen la estrategia actual es que “se conduce todos los días por la propia presidenta de México”.
El secretario explicó que “cada mañana la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad”, espacio en el que las autoridades federales revisan las cifras de incidencia delictiva y determinan qué regiones y delitos necesitan una mayor intervención.
En estos encuentros, agregó, “se revisa la incidencia delictiva, se analizan operaciones, investigaciones y se toman decisiones para atender las regiones y los delitos que requieren mayor atención”.
A consideración del funcionario, mantener esta revisión diariamente permite acelerar el intercambio de información entre dependencias y dar seguimiento a las decisiones adoptadas durante las reuniones.
“Esta conducción diaria permite que la información circule con mayor rapidez, que las instituciones actuemos como un solo equipo y que cada decisión tenga seguimiento hasta convertirse en una acción operativa o en una investigación judicializada o en despliegues operativos para prevenir delitos”.
El titular de Seguridad explicó que los resultados presentados también son producto del trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, además de la coordinación establecida con autoridades estatales.
Este último punto resulta particularmente importante debido a que, según García Harfuch, “el 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común”, por lo que una parte considerable de las investigaciones y acciones contra la delincuencia requiere colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.
La estrategia federal, explicó, se mantiene sobre cuatro ejes principales: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y coordinación entre instituciones federales y estatales.
Pese a las cifras presentadas, el secretario advirtió que el Gobierno federal no considera terminado el trabajo contra la delincuencia. García Harfuch señaló que “los avances alcanzados no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos”.
En cambio, sostuvo que los resultados deben servir para “redoblar esfuerzos para seguir disminuyendo los índices delictivos”.
El dato de los 111 funcionarios públicos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado adquiere especial relevancia dentro de este balance, debido a que las investigaciones no se concentran únicamente en integrantes de organizaciones delictivas, sino también en las posibles redes institucionales que podrían brindarles protección.
De acuerdo con lo presentado por García Harfuch, la instrucción del Gobierno federal es continuar las investigaciones sin importar el cargo o afiliación política de los involucrados, mientras que las autoridades mantienen como prioridades el combate a delitos de alto impacto, extorsión, tráfico de armas y narcotráfico.
Record
