La foto de un constructor inmobiliario detenido cuando intentaba huir de Estambul es el símbolo de la indignación en Turquía contra las mafias de la construcción, acusadas por el derrumbe de miles edificios durante el terremoto de hace una semana. El conjunto residencial ‘Rönesans’ (Renacimiento) construido en Antakya, en el sur de Turquía, tenía ocho plantas y 250 apartamentos. Fue levantado hace 10 años y contaba hasta con una piscina.
Presentado como un entorno de lujo, la torre se derrumbó sobre sus habitantes. Este edificio es uno de los miles que colapsaron tras el sismo de magnitud 7.8 ocurrido el lunes pasado a la madrugada y con un saldo, solamente en Turquía, superior a 30,000 muertos. Frente a la creciente indignación, retratada en la prensa y difundida por las redes sociales, las autoridades turcas reaccionaron rápidamente con decenas de detenciones y mandatos de arresto que se multiplican.
El domingo 10 personas ya estaban detenidas, entre ellas dos promotores inmobiliarios que intentaron huir a Georgia, mientras 114 estaban prófugas, anunció el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag.
El destino de la residencia ‘Rönesans’ se convirtió en un caso emblemático de las malas prácticas denunciadas desde hace tiempo. Otro caso es el del hotel Isias, en Adiyaman, donde fallecieron 35 miembros de la delegación de voleibol juvenil de Chipre del Norte.
Varios testigos afirmaron a la cadena de televisión NTV que el hotel había sido cerrado debido a ‘irregularidades’ en la construcción, pero que volvió a abrir. ‘Quiero que esta gente sea juzgada, son asesinos’, afirmó un familiar de una víctima.
Un testigo contó que vio las paredes romperse como si fuera hojas de papel. La reacción del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan -que está en campaña con miras a las elecciones generales del 14 de mayo- no tiene precedentes. Hasta ahora, los constructores y emprendedores corruptos lograron arreglárselas, pese a las reiteradas alertas de ingenieros y arquitectos reconocidos. En 1999, cuando otro terremoto había dejado 17,000 muertos en el noroeste de Turquía, en la provincia de Kocaeli, pasaron seis meses antes de que se produjera el primer arresto.
El diario Milliyet tituló ‘Solamente ocho arrestos y 17,000 vidas perdidas’. Posteriormente, se abrieron más de 2.000 causas contra los promotores de las viviendas afectadas, pero 1,800 de estas terminaron sin que se dictara ninguna pena debido a una amnistía decretada en 2000.
Finalmente, la mayoría de los responsables se beneficiaron de la prescripción de los delitos en 2007. En su declaración, el constructor de la residencia ‘Rönesans’, Mehmet Yasar Coskun, rechazó las acusaciones en contra suya y de sus socios. ‘Yo ignoro por qué se derrumbó el edificio. Se emitieron todos los permisos después de que la municipalidad y la compañía de control efectuaran los estudios’, afirmó.
El permiso para esta residencia fue firmado en 2021 por el distrito de Ekinciler, en Hatay. El alcalde de entonces, Seyfettin Yeral, confirmó al portal de información T24 que entregó el permiso, pero dijo que ‘el control fue efectuado por una empresa privada’.
‘De todos modos no teníamos empleados para hacerlo’, afirmó. Turquía adoptó una serie de normas y de regulaciones copiadas de las que existen en California, que son revisadas periódicamente, la última vez en 2018. Pero, según ingenieros y arquitectos interrogados esta semana por AFP, la mayoría son ignoradas por los constructores.
‘En el papel, las normas son respetadas, con contratos delegados a empresas privadas encargadas de controlar’, explicó el arquitecto Aykut Köksal. ‘Cada constructor pasa el suyo’, detalló, en referencia a que el control es una negociación amistosa entre las dos partes, con demasiada laxitud para los empresarios.
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